Entre esas medidas, fruto de más de 50 reuniones de trabajo, se crea la Red Canaria de Acción Climática como órgano de cogobernanza, con cabildos, ayuntamientos y agentes económicos y sociales
El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, destacó ayer en pregunta parlamentaria que la modificación de la ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, aprobada por decreto en Consejo de Gobierno ha sido un texto consensuado y participado.
Mariano H. Zapata recordó que el objetivo último de este texto es el de “acelerar la transición energética de las islas, favorecer su descarbonización, y adoptar nuevas medidas claves para la adaptación al cambio climático, enfocadas hacia un futuro más sostenible y siempre con el máximo respeto al medio ambiente”. Todo ello, mediante mejoras para tener una ley “útil, ágil y pragmática”.
En este sentido, quiso resaltar la grave situación de Canarias y la necesaria urgencia de estas medidas, ya que “las islas se encuentran en una situación de emergencia climática y energética con menos de un 20% de penetración de renovables, ante lo que no podíamos perder ni un minuto más”.
En este sentido, el consejero del área quiso recordar que la anterior Ley “desarrolló un PTECan que encontró el enfrentamiento de todos los cabildos”. Algo que ahora “hemos revertido, yendo de la mano con todos ellos, creando las Zonas de Aceleración de Renovables para el desarrollo de esas energías limpias de forma consensuada”.
Asimismo, Zapata destacó que para la elaboración de este texto, aprobado el pasado lunes, “se mantuvieron más de cincuenta reuniones sectoriales de trabajo, con numerosas administraciones, organizaciones y agentes externos para incluir aportaciones técnicas de relevancia y lograr el consenso”. Fruto de estas conversaciones, se incluye en la nueva ley la creación de la Red Canaria de Acción Climática. Un órgano de gobernanza que no se contemplaba anteriormente, en el que estarán representados cabildos, ayuntamientos y agentes económicos y sociales y cuyo objetivo será el de colaborar en el diseño y seguimiento de las políticas adoptadas en materia de cambio climático.
“Ayuntamientos y Cabildos recibieron con antelación el borrador de este documento para poder exponer sus alegaciones, aportaciones e interpretaciones con el objetivo de mejorarlo”, destacó Zapata.
“No hemos querido sacar adelante esta modificación de la Ley vigente sin contar con el consenso, el apoyo y la colaboración”. Ya que “es una cuestión que si bien no es obligatoria, la hemos entendido desde la Consejería y el Gobierno como necesaria para cumplir todos nuestros objetivos en la lucha incansable contra el cambio climático, que es cosa de todos”, explicó el consejero.
En este sentido, el consejero quiso recordar también que en el desarrollo normativo de este decreto ley se han impulsado instrumentos autonómicos para fomentar esta colaboración y coordinación, agilizando la subrogación de competencias”. En el caso de los primeros, creando los Planes Insulares de Acción Climática (PIAC) y en los segundos, los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES).
Finalmente ha asegurado que “estamos abiertos a cualquier nueva reunión que nos puedan plantear para participar”.
