Con esta aportación extra, que el año que viene se verá incrementada hasta los 585.000 euros, se podrán pagar alquileres de hasta 900 euros a familias vulnerables y otros 200 euros para suministros básicos, seguros, mantenimiento y conexión a Internet
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, incrementa en 260.000 euros el presupuesto que destina este año a evitar los desahucios de familias vulnerables en el Archipiélago gracias a una aportación extra del Gobierno de España a través del Plan Estatal de Vivienda 2022-2026. Con esta partida extraordinaria se refuerza el programa Canarias Pro Hogar, uno de los principales programas del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, creado para atender a estas familias en situación de vulnerabilidad y que cuenta con una dotación de fondos propios de la Comunidad autónoma de 60.000 euros para este año.
Esta partida de 260.000 euros del Estado, que comienza a aplicarse ya este mes, se aplica en los meses que quedan de 2022. A partir de enero del próximo año la partida anual que aporta el Estado para el Canarias Pro Hogar será de 585.000 euros anuales hasta 2026, cantidad que se sumará a las aportaciones propias de la Comunidad Autónoma. Este programa del Plan Estatal está pensado para atender las necesidades de las familias en riesgo de desahucio. Además, se atenderá las necesidades de las personas víctimas de violencia de género y a las personas sin hogar que estén inscritas en el programa Canarias Pro Hogar.
El objeto de esta partida es reforzar el programa Canarias Pro Hogar, herramienta con la que el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) facilita una solución habitacional inmediata, mediante una subvención directa, a las personas más vulnerables. De esta forma se concederán ayudas de hasta 900 euros al mes para garantizar el alquiler a cada una de estas familias. Las ayudas de abonarán por la administración directamente a los propietarios de las viviendas arrendadas. También podrá concederse una ayuda adicional de 200 euros por familia para atender los gastos de mantenimiento, seguros o suministros básicos, incluidos los gastos de acceso a Internet.
Para conceder estas ayudas, el ICAVI pedirá previamente a los servicios sociales de cada ayuntamiento un informe de vulnerabilidad social de carácter preceptivo y vinculante de cada una de las familias que soliciten acogerse a esta línea de subvenciones. Una vez sea concedida la ayuda, esta se pagará durante un año, finalizado el cual se volverá a evaluar a las familias y, en el caso que proceda, se prorrogará la ayuda de nuevo con un máximo de cinco años.
