La retirada posterior debe hacerse en un plazo no mayor de seis meses
El Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla, a través del área de Gestión de Residuos que coordina el primer teniente de alcalde Juan Siverio, inicia los trámites para desarrollar un censo de instalaciones y emplazamientos locales que puedan contener amianto, con objeto de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en relación a la reducción de generación y gestión de los residuos en favor de la salud humana y el medio ambiente, así como la concienciación sobre la problemática del uso de amianto y la necesidad de su localización y desmantelamiento de las infraestructuras o instalaciones que aún lo contengan, fortaleciendo la prevención de residuos domésticos peligrosos al incluir medidas para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Estos trabajos son posibles gracias a la concesión de una subvención de 12.500 euros procedentes del Área Insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, dentro del otorgamiento de subvenciones en concurrencia no competitiva a los ayuntamientos de la isla de Tenerife, para la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto sitos en sus respectivos términos municipales y van a impulsar, facilitar y garantizar la correcta identificación y gestión de los residuos de amianto de los distintos edificios municipales, con el beneficio para la salud que esto conlleva, pues, tal como apunta Siverio “está más que demostrado que este material puede llegar a ser muy perjudicial para la salud, por lo que su correcta identificación y posterior retirada es de orden y urgencia. Gracias a este censo, que será realizado por una empresa especializada, podremos identificar correctamente los lugares que han de recibir atención y dar prioridad según gravedad o afección”.
Una vez realizado el censo, se establecerá un calendario que planifique la retirada. Todos estos trabajos deben realizarse en un plazo máximo de seis meses.
“Agradecemos el compromiso del Cabildo de Tenerife con esta problemática generalizada en todos los municipios de la Isla. Está claro que su ayuda, desde la parte económica hasta el asesoramiento técnico, es indispensable para la ejecución de este tipo de acciones inapelables, que para municipios pequeños como el nuestro, con presupuestos reducidos, pueden ser tremendamente dificultosas”, concluye el edil.
