La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, presentó este lunes el presupuesto de su departamento, en el que destaca una subida del 24 por ciento en el área de atención social, una subida histórica para programas de inclusión social y lucha contra la pobreza, prestación canaria de inserción, infancia y familia, dependencia o discapacidad y en el que cabe resaltar los más de 43 millones de euros encaminados a poner en marcha el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, que en coordinación y cofinanciado con los cabildos insulares tiene como objetivo duplicar las plazas públicas en materia de dependencia.
El presupuesto consolidado del departamento aumenta en casi 100 millones de euros, lo que significa un incremento relativo de un 17 por ciento, con subidas notorias en las tres áreas de la Consejería: Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, concretamente un 24 por ciento el área social, un 17 por ciento en políticas de vivienda, un 9 por ciento para el Servicio Canario de Empleo, sin contar con los 42 millones del Piec que no están incorporados pero que del que ya se ha firmado el convenio para la trasferencia de fondos por parte del Estado. También crece en un 51 por ciento el presupuesto consolidado para los programas de trabajo y empleo en los que se incluyen aquellos encaminados a la inspección de las condiciones laborales de los trabajadores.
Empleo y trabajo
El Servicio Canario de Empleo seguirá priorizando en sus políticas a los colectivos más vulnerables y estructura su atención en base a las unidades de convivencia, avanzando en la coordinación con los servicios sociales, destinando 18 millones de euros en a los planes de empleo social. El 69% del presupuesto del Servicio irá a la inserción y reinserción ocupacional de los desempleados.
Valido puntualizó que “seguimos impulsando la contratación indefinida, que mejora la calidad en el empleo y continuaremos negociando con el Estado las medidas de bonificación de la cuota de la Seguridad Social a los contratos indefinidos”.
El presupuesto del SCE intensifica las medidas de Garantía Juvenil llegando a los 18 millones de euros reforzando los programas de formación con alternancia en empleo. El 25% de los presupuestos del SCE irán a la formación “ para la mejora de la empleabilidad, y coadyuvar en rebajar las tasas de desempleo”, puntualizó la consejera.
“También prestaremos especial atención a los desempleados con alguna discapacidad con medidas de inserción y con vigilancia para el cumplimiento de las cuotas con la aportación de 8.855.222 euros” .
En cuanto a las acciones de mejora de las relaciones laborales y la inspección de trabajo, se destinarán 6.610.652 euros de la partida 494A. El Instituto Canario de Seguridad Laboral llevará a cabo, durante 2018, 37 objetivos operativos con 84 líneas de actuación y aumentará su financiación en un 14,3%, llegando hasta los 2.669.184 euros. El presupuesto total de la Dirección General de Trabajo será de 9.350.000 euros.
Políticas de vivienda
El Instituto Canario de la Vivienda dispondrá de un 17% más de presupuesto, que se aplicará a las políticas de fomento del alquiler y compra de primera vivienda para los colectivos más desfavorecidos. Se destinarán 15.840.000 euros a las ayudas al alquiler de las 4.500 viviendas de Visocan y también habrá ayudas al alquiler para el acceso a la vivienda de todos los colectivos, estableciendo ayudas específicas para jóvenes y mayores de 65 años con un presupuesto de 1.276.000 euros.
Asimismo, el programa Canarias + Vivienda x Familia seguirá activo para el asesoramiento y acompañamiento en la paralización de lanzamientos o desahucios con la creación de una bolsa de vivienda accesible con un presupuesto de 700.000 euros.
Se destinan también casi 7 millones de euros a la construcción y adquisición de viviendas protegidas, mediante una estrategia insularizada de vivienda, acordada con la Fecai.
Valido en su intervención puntualizó que “con este dinero podremos comenzar algunas promociones o adquisiciones de vivienda para personas con escasos recursos preferentemente en islas donde la vivienda se ha encarecido mucho, como Lanzarote y Fuerteventura”
Medidas sociales
Es en el área de Políticas Sociales donde se produce el mayor incremento del presupuesto, con una subida histórica del 24 %. Se dota a la Prestación Canaria de Inserción con 55 millones de euros de presupuesto inicial, se incorporan 15 millones más a programas de inclusión social y lucha contra la pobreza, como el refuerzo a la emergencia social a través de ayuntamientos, programas de apoyo a personas que finalizan la PCI sin inserción, de tal manera que continúen con un acompañamiento social y formativo necesario para favorecer la adecuada inserción. También se reforzarán las intervenciones en familias con menores en riesgo y con problemas de drogodependencia y las políticas de apoyo a la emancipación de menores insertos en el sistema de protección y de aquellos menores con medidas judiciales.
En el área social se apuntalará el apoyo a mujeres con cargas familiares no compartidas y precaria. En materia de dependencia, discapacidad y mayores cabe destacar los 43 millones de euros para el II Plan de Infraestructuras sociosanitarias de Canarias que tiene como objetivo duplicar las plazas existentes. En total, teniendo en cuenta las previsiones realizadas con los Cabildos Insulares, se crearán 3.449 plazas residenciales y 2.307 de atención diurna.
El nuevo escenario de Atención a la Dependencia en Canarias conlleva un incremento en el presupuesto de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del 48,46% en lo que respecta a las dotaciones presupuestarias para financiar las prestaciones del Sistema. La Dirección General de Dependencia y Discapacidad contará con un presupuesto de 217.864.334 euros, destacando el capítulo de atención a las personas en situación de dependencia con 177,2 millones de euros.
El incremento señalado permitirá dar cobertura a la financiación del Sistema de la Dependencia en Canarias dando un nivel de respuesta en el periodo 2018-2020 próximo al correspondiente a la media de las prestaciones del Sistema en el ámbito estatal.
