El presidente de la ejecutiva en Santa Cruz de Tenerife del sindicato Stap, Domingo Chávez, y su sección sindical en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos consideran «escandaloso» que el grupo de gobierno en minoría de CC en Icod «haya decidido apartar al consistorio del proceso judicial abierto contra el exalcalde socialista Juan José Dorta y varios ediles del PSOE en el mandato 2003-2007 por presuntos delitos continuados de prevaricación».
«Lo promovido por el gobierno de Coalición Canaria, liderado por el alcalde Francisco González, nos parece grave y escandaloso», recalcan, en referencia a la decisión de «dejar de perseguir acciones y abusos presuntamente delictivos» por «sacar de la causa al ayuntamiento al no designar abogado en este proceso múltiple de corrupción que se sustancia en el Juzgado de lo Penal Nº5 de Santa Cruz de Tenerife contra el anterior alcalde, el incalificable Juan José Dorta (PSOE), y varios exediles».
El Stap censura la actitud de CC, partido al que recuerdan que «no hace lo mismo cuando se refiere a denunciar y perseguir a funcionarios, trabajadores, ciudadanos o representantes sindicales que, por denunciar las fechorías o ilegalidades políticas con valentía, solo reciben persecución, denuncias y acoso desde esa administración». En estos casos, el Stap destaca que el gobierno de CC «no desiste de sus denuncias y designa abogado, y lo que haga falta, con tal de castigarlos. Sin embargo, sí se salen de los procesos cuando se trata de políticos para, pelillos a la mar, evitar fricciones en el mercadeo entre unos y otros».
«El problema es que esta actitud despreciable intenta desproteger y criminalizar a todo aquel funcionario o persona, siempre más vulnerable, a la que se le ocurra denunciar o reaccionar a ilegalidades y corruptelas, pues será un objetivo a batir. Usarán el poder y los medios más favorecedores a su alcance para silenciarlos, por lo que muchos empleados públicos se ven forzados a mirar para otro lado y cuidarse de cumplir con sus promesas del cargo a favor de la ley y los administrados, porque eso les puede costar un grave disgusto», lamenta Chávez.
«Ante esas actitudes políticas, solo cabe esperar la acción de la justicia para intentar poner las cosas en su sitio o tendremos que asistir y soportar unas reglas del juego que cada vez están más alejadas de la legalidad, la honestidad y la dignidad de las personas», sentencia el Stap.
