A día de hoy, únicamente 9 ayuntamientos y 3 cabildos han reservado y adjudicado contratos a alguna empresa social y el Gobierno de Canarias está lejos de cumplir el 2% de reserva fijado en sus presupuestos anuales
Las III Jornadas de Contratación Pública Responsable de Canarias, que se celebran desde este lunes evidencian el escaso desarrollo que están teniendo en las islas las fórmulas de contratación pública reservada a empresas sociales, a las que obliga la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, desde hace ya cinco años y que constituye una potente herramienta para promover la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad.
En la actualidad, solo 9 ayuntamientos y 3 cabildos han reservado contratos con alguna empresa social (empresas de inserción o centros especiales de empleo de iniciativa social), y el Gobierno de Canarias está aún lejos de cumplir con el 2% de reserva fijado en sus presupuestos anuales. Estas cifras indican que apenas un 14% de las administraciones locales canarias reserva licitaciones o lotes de contratos a empresas sociales.
Así lo ha señalado la presidenta de la Red Anagos, Alicia Silva, durante la inauguración de estas jornadas, en las que personas expertas de las administraciones, las empresas sociales, el ámbito académico y el jurídico abordan las oportunidades para dar el necesario impulso a la compra pública responsable en Canarias, a través de la reserva de contratos a empresas sociales, la introducción de cláusulas sociales y medioambientales en las licitaciones y el fomento del empleo protegido.
La inauguración ha contado con la participación del viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil; la presidenta de la Red Anagos, Alicia Silva; la presidenta de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (ADEICAN), Eugenia de León, y el presidente de Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias (EAPN Canarias), Juan Carlos Lorenzo.
Francisco Candil señaló que queda mucho camino por avanzar en materia de Contratación Pública Responsable en Canarias, ya que se sigue teniendo el precio como elemento principal a la hora de licitar cualquier servicio y aseguró que esto se debe modificar, ya que la reserva de contratos es una herramienta valiosísima para generar empleo en sectores vulnerables.
Las administraciones que en estos cinco años han reservado y adjudicado contratos a empresas sociales, además del Gobierno de Canarias, son los ayuntamientos de Breña Alta, Breña Baja, Tazacorte, Los Llanos y El Paso, en La Palma; Tacoronte, en Tenerife; Ingenio, en Gran Canaria; Puerto del Rosario (Fuerteventura); y San Sebastián de La Gomera. En cuanto a los cabildos, los de Tenerife, Gran Canaria y La Palma han promovido licitaciones reservadas.
Todo ello, según los datos preliminares del ‘I Informe de Situación de la Contratación Pública Responsable de Canarias (2018-2022)’, que apuntan también a la necesidad de impulsar desde las diferentes administraciones locales los acuerdos de gobierno que promuevan la compra pública responsable y que establezcan porcentajes de reserva presupuestaria, ya que solamente el Gobierno de Canarias, tres cabildos y un ayuntamiento los han aprobado hasta el día de hoy.
Un gasto público de 780.000 euros frente a 60 millones potenciales
El informe revela también un gasto público de 3,9 millones de euros en estos cinco años entre todas las administraciones y entidades públicas de Canarias, con un total de 39 contratos reservados y efectivamente adjudicados. Esta cifra se traduciría en una inversión media anual de 780.000 euros, que quedan aún muy lejos de los 60 millones de euros que se ha estimado que en el archipiélago se podría alcanzar si se desplegara todo el potencial que tiene la reserva de contratos a empresas sociales.
En este encuentro también han participado el Diputado del Común, Rafael Yanes; el director general de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, Juan Domingo Cabrera; la secretaria de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Gobierno de Canarias, Teresa Peiró, y la jefa de la Oficina de Contratación del Cabildo de Tenerife, Julia Martín, que han abordado en una mesa redonda el camino que debe seguir la Contratación Pública Responsable en Canarias para desarrollar todo su potencial.
Entre sus conclusiones, han destacado que se necesita más información, formación y sensibilización de los órganos de contratación para poder llevar a cabo este tipo de licitaciones, ya que existe una resistencia cultural derivada del desconocimiento de la materia. Además, se precisa que las empresas sociales y la administración propicien nexos que permitan aumentar el conocimiento general de este tipo de entidades y de su capacidad para acudir a licitaciones públicas y resultar adjudicatarias.
A lo largo de la jornada de hoy se ha abordado también la figura del concierto social como una de las alternativas para la contratación de servicios públicos. En su ponencia, la gerente del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), Yazmina León, quiso destacar que el concierto social como modo de gestión de los servicios sociales es el futuro. Si bien queda trabajo por hacer en ese ámbito, consideró fundamental avanzar en ese modelo, que ofrece un sistema de alianzas con el tercer sector muy importante y para el que las subvenciones no son la mejor vía de financiación en la prestación de servicios.
Las Jornadas están organizadas por el Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, una iniciativa de la Red Anagos, que apoyan ADEICAN y EAPN Canarias, y que financia la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.
