La diputada del Grupo Nacionalista Canario declaró que hay que encontrar una solución para ese personal y que el Gobierno de Canarias “tiene una oportunidad para demostrar que apuesta por la calidad de los servicios públicos y por la conciliación familiar de las personas afectadas, mayormente mujeres con más de 50 años con cargas familiares que asumen solas”
La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, conminó ayer al consejero de Administraciones Públicas a que proteja el empleo público en general y a los interinos que, con más de 20 años de experiencia, “se ven abocados al desempleo por no poder articular un sistema que les asigne una plaza en los procesos de estabilización”.
“Hay que encontrar una solución para ese personal y, de esta forma, el Gobierno de Canarias tiene una oportunidad para demostrar que apuesta por la calidad de los servicios públicos y por la conciliación familiar de las personas afectadas, mayormente mujeres con más de 50 años con cargas familiares que asumen solas”, advirtió.
Por su parte, Beato evidenció el “fracaso” del Gobierno de Canarias en la estabilización de los docentes “cuyo proceso está emplazado para septiembre del 2024, posterior a los procesos electorales, pudiendo haber aprovechado las propuestas que como grupo le hicimos, a las enmiendas presentadas al presupuesto de 2020, 2021 y 2022, incluso las Proposiciones No de Ley, votadas en contra, que buscaban soluciones en el ámbito canario, e ignorando las enmiendas de Ana Oramas en el Congreso para evitar la temporalidad.
“Hay que tener en cuenta que la política de Función Pública ha estado marcada mayoritariamente por los socialistas desde el año 2011 y tienen que responder de los errores, entre ellos la anulación de las bases de convocatorias selectivas de 2015 y 2016 que fueron recurridas y declaradas inconstitucionales en parte por el Tribunal Constitucional”, recordó.
Recientemente también fue declarado en parte inconstitucional el Decreto Ley que establecía la ordenación del empleo público. La figura del Decreto Ley, al uso tras la aprobación del Estatuto de Autonomía, “que ha permitido que el Gobierno legisle de espaldas al Parlamento y a la ciudadanía, y en muchas ocasiones de los cabildos y ayuntamientos, generando más problemas que soluciones”, concluyó.
