Sí se puede defiende en Buenavista un proceso de participación ciudadana sobre la depuración de aguas acorde a la normativa de participación pública en materia de Medio Ambiente. La organización ecosocialista defiende en el pleno este martes, 2 de octubre, una moción para solicitar al Consejo Insular de Aguas y al Cabildo de Tenerife actuaciones en este sentido y para trasladar la propuesta al resto de los ayuntamientos de la comarca.
En concreto, Sí se puede propone al Ayuntamiento de Buenavista que reclame al Consejo Insular de Aguas y al Cabildo de Tenerife la puesta en marcha de un proceso de participación ciudadana que corrija el incumplimiento que en materia de participación ciudadana se cometió durante el primer ciclo del Plan Hidrológico Insular (PHI), ya que “se realizó sin facilitar la información adecuada y se adoptaron decisiones definitivas sobre las ubicaciones territoriales sin que previamente se hubiera abierto un proceso de participación pública en el que figurasen diferentes alternativas a la ubicación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales urbanas (EDAR) con sus correspondientes análisis de coste-eficacia, además de la pertinente evaluación ambiental de cada una de ellas”, explica el portavoz ecosocialista en la corporación, Antonio González Fortes.
González Fortes destaca que “cuando se analiza con detalle la elaboración del primer ciclo del PHI se puede comprobar que se vulneró la exigencia de una participación pública ajustada a los criterios de la Directiva Marco del Agua y otras directivas en materia de participación ambiental”.
El portavoz ecosocialista se refiere a que los documentos que fueron expuestos durante la fase de participación pública “carecían de un estudio de las alternativas de implantación”, que deben ir acompañadas de una memoria, planos y otros documentos que, entre otros factores, contemplen especialmente los probables efectos significativos sobre el medio ambiente.
Además, debe hacerse un análisis de las alternativas desde la perspectiva coste-eficacia, con especial atención a los costes ambientales que sean evaluables, y se debe incluir referencias a la localización de instalaciones en el territorio, con una justificación ambiental de cada alternativa.
Esta situación significa que no se dio a la ciudadanía la oportunidad de ejercer el derecho a expresar observaciones y opiniones en el momento en el que estaban abiertas todas las posibilidades, antes de adoptar decisiones. A juicio de Sí se puede, por tanto, debe retomarse el proceso de participación, como un requisito que la normativa exige antes de tomar una decisión definitiva.
