El Ejecutivo estudia junto a Puertos Canarios y las autoridades portuarias, la directiva 2023/956 que regula el mecanismo de ajuste por carbono en los Estados miembro
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, aborda, junto al ente público Puertos Canarios y las dos autoridades portuarias canarias, el Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento y del Consejo europeo, por el que se establece un mecanismo de ajuste en frontera por carbono y, concretamente, la aplicación de este a las actividades de transporte marítimo.
En este sentido, la Consejería evalúa diferentes propuestas que contemplan las especificidades y singularidades del Archipiélago, con el objetivo de minimizar las consecuencias que tendría esta medida para el movimiento de mercancías y la economía isleña.
Con la entrada en vigor de esta normativa, y la proximidad de infraestructuras portuarias de primer nivel que están exentas de su cumplimiento, el sistema portuario en Canarias podría quedar en una situación de desventaja competitiva a corto plazo.
El Gobierno de Canarias defenderá las exenciones de tasas en el sector para no perjudicar a su competitividad, sin obviar su estrategia de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático, desarrollando políticas que permitan compensar la huella de carbono en otros ámbitos, mientras se produce la transición hacia mayores cotas de descarbonización en el sector del transporte por vía aérea y marítima.
En las próximas semanas, el Ejecutivo, junto a las administraciones portuarias, mantendrá encuentros de trabajo con profesionales del sector portuario, para elaborar una propuesta conjunta y solicitar a Europa la adaptación de la estrategia para no perjudicar a los principales motores económicos de las regiones ultraperiféricas.
