“Los municipios son la puerta de entrada a los derechos sociales. Por tanto, debemos trabajar mano a mano con los ayuntamientos para garantizar los servicios sociales básicos, de hecho, este año adelantamos a enero la firma del Plan Concertado de Servicios Sociales y podemos anunciar que los ayuntamientos contarán esta misma semana con estos fondos”, anunció la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, en su primera intervención en sede parlamentaria tras su permiso por maternidad.
Según explicó la consejera, la firma anticipada, cerca de cinco meses antes que en el año anterior, ha permitido que los municipios puedan contar “mucho antes” con los fondos del Plan, a través del cual se financian los recursos dirigidos a la atención de las familias que más lo necesitan, como PCI, ayuda a domicilio, centros de servicios sociales, centros de día, atención a las personas en situación de vulnerabilidad social, etc.
“Cuando en otros años se firmaba en abril, este año firmamos en enero, dotándolo, además, de más fondos ya que en 2020 el Plan contará con 21.331.171 euros, 1,6 millones más que en 2019, a los que hay que sumar los 12 millones de euros que provienen del Plan de Lucha contra la pobreza”, aclaró.
En su intervención, Santana indicó que desde que el nuevo grupo de la Consejería asumió la gestión de la misma, los municipios les hicieron llegar dos demandas fundamentales, por un lado, más recursos para atender mejor a la ciudadanía, y, por otro, recibir los fondos con mayor antelación y contar así con más tiempo para gestionarlos y, no como con anterioridad, a mediados de año, sin apenas tiempo para gestionar la inversión y el gasto de los mismos.
“Desde luego, atendimos ambas demanda, permitiendo la contratación de más personal para la gestión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y la ampliación de un mayor número de familias en situación de riesgo de exclusión social”, aseguró.
“Igual que ahora vemos inadmisible llegar a un centro sanitario y que no haya médicos, o llegar a un colegio y que no haya profesorado, no es normal que una persona llegase a un ayuntamiento y no haya personal para atenderle en los servicios sociales porque la financiación regional no había llegado para su contratación. Hemos logrado revertir esta situación. Esto es lo que significa gobernar poniendo los intereses de la ciudadanía por encima de cualquier otra cosa”, concluyó.
