El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha remitido una carta a la ministra de Hacienda en la que reclama la autorización del Ejecutivo central para destinar el superávit de la Comunidad Autónoma del año 2019 -unos 250 millones de euros- a paliar los efectos de la crisis del coronavirus.
El vicepresidente solicita así formalmente lo que ya en reiteradas ocasiones ha demandado el Gobierno de Canarias, tanto en boca del jefe del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, como del propio Rodríguez.
La oportunidad de la carta radica en que el Estado va a fijar en breve las cuantías que cada ayuntamiento puede destinar a este fin, de acuerdo con la autorización recogida en el Real Decreto de Medidas Urgentes para el caso de las administraciones locales.
El objetivo del Gobierno de Canarias es que se incluya al Archipiélago y al resto de comunidades autónomas con superávit en ese supuesto, y que el gasto no financiero resultante de su aplicación no compute a los efectos de la regla de gasto ni en los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
Rodríguez advierte de que “la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 está creando graves necesidades adicionales que requieren ser atendidas urgentemente” y que en el caso de Canarias “se dan además circunstancias que agudizan la urgencia de estas medidas, como son sus elevadas tasas de paro y de pobreza, parámetros para los que Canarias se sitúa desgraciadamente por encima del promedio” y que aconsejan medidas excepcionales no sólo sanitarias, sino sociales y económicas.
Asimismo, la paralización de la actividad turística, que compromete tanto las previsiones de ingresos como de gastos, evidencia que “la vulnerabilidad de Canarias -continúa la misiva- resulta agravada también por sus particularidades económicas, entre las que destaca la alta dependencia del turismo, sector especialmente afectado por la crisis sanitaria actual y que para la CAC tiene un peso en su PIB (35,0%) y en el empleo (40,4%) significativamente superior al del promedio español (11,7% del PIB y 12,8% del empleo)”.
El vicepresidente explica que Canarias ha visto limitado el crecimiento del gasto público en los últimos ejercicios presupuestarios debido a la aplicación de la regla de gasto, lo que ha redundado en la generación de superávit en los ejercicios de 2017, 2018 y 2019, que obligatoriamente se han destinado a amortizar deuda. Lo que se pretende es que el del año pasado pueda dedicarse a los gastos provocados por la pandemia.
Además, Canarias es la comunidad autónoma de España con un menor nivel de deuda (14,1% del PIB al cierre del tercer trimestre de 2019) y presenta un PIB per cápita inferior al promedio (-18,8% en 2018), “lo que pone de manifiesto el compromiso de Canarias con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las finanzas públicas”. Una vez que se ha cumplido con esos parámetros, Román Rodríguez entiende que hay superar las limitaciones existentes hasta la fecha para derivar los recursos a combatir los efectos de la pandemia en los ámbitos sanitario, social -asistencia a las personas más vulnerables- y económico -apoyo a empresas y autónomos afectados-.
