Han dejado de presentar la declaración de transparencia 13 de las 348 organizaciones públicas canarias. Se emplazó a la autoevaluación a 707 entidades subvencionadas por el Gobierno de Canarias y los Cabildos. Respondió el 82%
En el presente año han presentado la declaración de transparencia al Comisionado de Transparencia de Canarias todas las 98 instituciones principales de las islas y el 96,3% de sus entidades públicas dependientes (empresas, fundaciones, etc.). Solo 13 de las 348 organizaciones públicas isleñas dejaron de hacerlo; frente a las 62 que no lo hicieron en el ejercicio anterior.
La reducción del incumplimiento es esta vez del 77 %, como viene sucediendo cada año desde que en 2016 se comenzaron a realizar evaluaciones a las entidades públicas. Esta progresión confirma que en Canarias se alcanzan las mejores ratios de toda España, en el ejercicio de «transparencia sobre la transparencia activa». Y sitúa al Archipiélago en posición avanzada para el control de la transparencia de los miles de millones de euros procedentes de los fondos europeos NextGeneration EU, a distribuir en los próximos ejercicios.
Tanto las instituciones principales (Gobierno, cabildos, ayuntamientos y universidades) como las entidades dependientes o subvencionadas tienen ahora un plazo para presentar alegaciones y mejorar sus notas y la calidad de sus portales de transparencia hasta el 2 de noviembre. La nota definitiva de las que no aleguen será la provisional.
“Cada año se reduce el incumplimiento en la declaración de transparencia de los sujetos públicos y aumentan en paralelo las puntuaciones obtenidas por la mejora de los contenidos de portales de transparencia: hace tres años 136 incumplían, hace dos, 62, y en este ejercicio solo 13. Las puntuaciones provisionales han subido y aún mejorarán algo este mes durante el periodo de alegaciones que hemos abierto. Ya se puede establecer estadísticamente una clara correlación entre el aumento de la autoevaluación y la mejora de la transparencia activa de los portales. Diferente ocurre con el derecho de acceso a la información, donde aún hay muchísimo margen de mejora, porque a un muy alto porcentaje de ciudadanos se les responde con la callada por respuesta, con el silencio administrativo. Tres de cada cuatro reclamaciones de derecho de acceso a la información que nos llegaron el año pasado fueron por eso: porque les habían «respondido» con la socorrida figura del silencio administrativo», señala Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, órgano dependiente del Parlamento. «El proceso de evaluación se lleva a cabo con colaboración de más de mil servidores públicos y trabajadores en entidades privadas subvencionadas, a los que estamos muy agradecidos. Ellos han generado en la aplicación T-Canaria alrededor de 1.700.000 datos, con los que el algoritmo define automáticamente el mayor o menor grado de avance o retroceso de la transparencia activa de cada sujeto obligado».
Por otra parte, este año, por segunda vez, se ha emplazado a presentar declaración a 707 entidades subvencionadas con más de 60.000 euros en 2020 por el Gobierno de Canarias y 100.000 € de los Cabildos insulares; y de ellas se han autoevaluado 579, el 81,90 %, un porcentaje que duplica al que se alcanzó en 2016 cuando se evaluó por primera vez a las instituciones públicas y solo 37 de ellas contestaron. Y también han realizado por segunda vez su autoevaluación de transparencia 54 corporaciones de derecho público, principalmente colegios profesionales. En total, son 968 las entidades que se han autoevaluado estos meses frente a las 661 del ejercicio anterior.
Se ha abierto un plazo de alegaciones hasta el 2 de noviembre para que cualquiera de las 968 organizaciones, entre públicas y privadas, que presentaron su autoevaluación al Comisionado puedan mejorar la puntuación provisional que tienen disponible en la sede electrónica del Comisionado.
Sobre la aplicación “T-Canaria” y el Índice de Transparencia de Canarias
La aplicación “T-Canaria” permite a todas las entidades públicas canarias autoevaluarse sobre la calidad con que reflejan su actividad en sus portales de transparencia, webs o sedes electrónicas. Es decir, es un ejercicio de “transparencia sobre su propia transparencia”, que resulta útil al conjunto de la organización, dirigentes y empleados públicos. En las administraciones ya se empieza a consolidar la cultura de informar en los portales de transparencia, mientras que no ocurre así en el mismo grado en las entidades dependientes de las mismas, a través de las que se gasta, en muchos casos, más de un tercio del presupuesto.
Las evaluaciones son trasladadas en un informe al Pleno del Parlamento de Canarias al final del proceso de evaluación y serán publicadas en formato abierto.
Esta herramienta telemática permite calcular el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), primer ranking público de carácter autonómico creado hasta ahora. Su misión es ayudar a las entidades a mejorar la transparencia y a reducir la opacidad de forma ágil y económica: ningún trámite se realiza ya en papel. Su algoritmo reduce la arbitrariedad en las comprobaciones y valoraciones, al ejecutarlas mediante cálculos matemáticos. Su funcionamiento se explica en el Manual de Uso publicado en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia y en un apartado sobre Evaluación específica dentro de la web.
En esa misma página se facilitan en una hoja de cálculo llamada “Mapa de Obligaciones”, los contenidos informativos que cada tipo de entidad ha de incluir en su portal de transparencia, según la Ley: 120 la Comunidad Autónoma: 111 contenidos los ayuntamientos y cabildos; entre 80 y 50 las entidades vinculadas y dependientes de todas las instituciones canarias; y solo 14 las entidades subvencionadas por el sector público. Lo que cada persona no encuentre en ellas puede preguntarlo a cada institución, que está obligada a responder en un mes, según determina la ley. Si no hay respuesta o es insuficiente, puede presentar reclamación sin coste legal alguno ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, bien desde su casa a través de la sede electrónica, o bien en cualquier registro oficial público.
