Entre 2012 y 2019 el endeudamiento municipal cayó en más de 1.000 millones en el Archipiélago
Los ayuntamientos canarios han reducido su deuda más de un 99% en los últimos siete años. Esta drástica bajada del endeudamiento municipal refuerza la petición de los alcaldes de que se les permita invertir los fondos que se acumulan en los bancos para hacer frente a la crisis, ya que no pueden destinarlos a sanear la tesorería al estar la gran mayoría de las corporaciones con nulo o escaso pasivo. En 2012 el conjunto de la deuda viva de los ayuntamientos de las Islas superaba los 1.020 millones de euros, mientras que al cierre de 2019 el montante deudor era de 161,9 millones, es decir, un descenso vertiginoso del 99% ocasionado por la entrada en vigor hace siete años de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obligó a todas los instituciones públicas a destinar el presupuesto no ejecutado por superar la regla de gasto -los remanentes- y el superávit a liquidar la deuda con los bancos y otras entidades.
El endeudamiento de los consistorios se había disparado y alcanzó su récord en 2012 y desde Bruselas se obligó a España a poner coto al déficit de las administraciones públicas. Al inicio de la recesión, en 2008, los 88 ayuntamientos canarios acumulaban una deuda de 719,4 millones de euros. Cuatro años después superaba los 1.000 millones, a los que había que sumar el debe de los cabildos, que también contaban con un amplio pasivo, sobre todo las corporaciones insulares de las islas capitalinas. El Cabildo de Tenerife arrastraba 428 millones de deuda y el de Gran Canaria 111 millones.
Un esfuerzo mayor
El esfuerzo realizado por las corporaciones locales para controlar el déficit y reducir la deuda ha sido claramente superior al realizado por el Estado y una buena parte de las comunidades autónomas en estos años de austeridad. Los alcaldes aseguran que los ayuntamientos son las únicas administraciones que han cumplido a rajatabla con la ley de estabilidad. De esta forma, la obligación de destinar los remanentes a liquidar deuda ha desembocado en el escenario actual, en el que las arcas de la mayoría de las corporaciones están saneadas, pero como la ley no se ha modificado, continúan acumulándose los fondos en los bancos sin poder usarlos para inversiones y gastos sociales.
Ahora los ayuntamientos saneados acumulan los ahorros tras solventar la deuda y el Ministerio de Hacienda sólo les autorizó a utilizar hasta el 20% del superávit bajo su supervisión en el principio del confinamiento. La exigencia de las corporaciones es que se modifique la ley o se obtenga la autorización de Bruselas para que se puedan invertir todos los fondos -más de 3.000 millones de euros- en afrontar la crisis provocada por el Covid-19 sin vulnerar las reglas de estabilidad.
Los últimos datos del Ministerio de Hacienda reflejan que 32 ayuntamientos canarios tienen deuda cero frente a los 9 que había en esta situación en 2012. Hace siete años los municipios más endeudados eran Santa Cruz de Tenerife -134,8 millones de euros-, Telde -125,8 millones- y Las Palmas de Gran Canaria -124,1-.
Al cierre del ejercicio 2019 el ayuntamiento con más deuda viva es Telde con 53,1 millones, lo que supone una reducción cercana al 60% en siete años. Santa Cruz de Tenerife mantiene un pasivo de 21,9 millones, lo que supone que ha logrado un descenso del 83%. Siguen en el ranking de corporaciones más endeudadas La Laguna -12,9 millones-, Gáldar -11,6 millones-, Teguise -6,8-, Icod de los Vinos -5,6-, Arrecife -4,2- y Valsequillo -3,7-. De los ayuntamientos más poblados el que ha dejado la deuda al mínimo es Las Palmas de Gran Canaria, ya que de los 124 millones que debía en 2012 ha pasado a 1,4 millones.
Las capitales insulares, a excepción de Santa Cruz de Tenerife y Arrecife, tienen prácticamente saneada la tesorería municipal a tenor de los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda. De esta forma, Valverde no tiene deuda, mientras que Puerto del Rosario, San Sebastián y Santa Cruz de La Palma tienen un pasivo poco significativo.
Después de siete años de ajustarse el cinturón y aplicar con rigor las reglas de la austeridad solo uno de los 88 ayuntamientos canarios ha incrementado su deuda. Se trata del municipio tinerfeño de Garachico, que ha pasado de 652.000 euros en 2012 a poco más de dos millones de euros en 2019, lo que supone que en deuda por habitante se ha incrementado de 125 euros a 425 euros en siete años.
El caso de Betancuria
El endeudamiento per cápita da también resultados elocuentes del fuerte descenso que ha experimentado el debe de los ayuntamientos de las Islas. El municipio majorero de Betancuria continúa siendo el que tiene mayor deuda por habitante por su escasa población -758 residentes en 2019-. Pese a reducir la cuantía de su deuda en un millón de euros, el endeudamiento per cápita es de 1.852 euros frente a los 3.025 de 2012. Otro dato destacado es el Ayuntamiento de Yaiza, que ha pasado de un pasivo por habitante de 1.172 euros hace siete años a solo un euro al cierre de 2019.
Hay municipios cuyos vecinos pueden presumir de no contar con deuda desde hace años. Tejeda, Valleseco, Artenara, Alajeró, Arico, Fasnia o La Matanza son ayuntamientos que empezaron las reglas de estabilidad con cero deuda y llegaron igual siete años después.
Hace varios meses que los alcaldes canarios reclaman la utilización de los remanentes, como también lo hacen el resto de ayuntamientos del país a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el caso de las Islas, los regidores esperan ser convocados por el Ministerio de Hacienda para negociar la compensación ante la fuerte bajada de los ingresos provocada por la crisis del Covid-19. Canarias cuenta con la singularidad de su régimen fiscal, del que se nutren tanto las arcas autonómicas, como las insulares y municipales.
La próxima reunión
La próxima reunión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con los cabildos pactada en mayo tras el encuentro bilateral entre el Ministerio y el Gobierno regional, ha provocado un fuerte malestar entre los alcaldes ya que desde el primer momento han exigido estar también en esta reunión con los cabildos porque son cotitulares de los tributos del REF junto a las corporaciones insulares.
La Federación Canaria de Municipios (Fecam) pugna por sentarse con Hacienda y ya advierte que sería un «menosprecio» al municipalismo si no se convoca a los ayuntamientos. Para este miércoles día 1 estaba prevista una reunión preparatoria entre los consejeros de Hacienda con los técnicos del Ministerio ante la inminencia del encuentro al más alto nivel político.
Fuente: El Día (Rubén Acosta)
