El exalcalde de Garachico, expresidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y exdirector general de Deportes del Gobierno de Canarias, Ramón Miranda Adán, se presentó el pasado viernes como el próximo candidato a la Alcaldía de la Villa y Puerto con la Agrupación Garachiquense (A’Gara), un objetivo que requerirá el visto bueno de la Junta Electoral de Canarias, pues Miranda tiene vigente una condena de inhabilitación especial para cargo público que expira a principios de junio. Miranda saldará su deuda con la justicia justo antes de la toma de posesión de las nuevas corporaciones locales, pero su inclusión en la candidatura, aún inhabilitado, genera debate jurídico.
Algunas fuentes jurídicas consultadas consideran que Miranda es «inelegible», por tener condena firme en un delito contra la administración pública, tal y como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) en su artículo 6.2.b. Sin embargo, otras fuentes jurídicas opinan que Miranda aún tiene posibilidades de participar en las elecciones.
El propio Miranda declaró al periódico El Día que no hubiera dado el paso de presentarse si no tuviera detrás el trabajo de un equipo jurídico que le dice que es posible.
Miranda tratará de concurrir a las elecciones del 26M con argumentos como que su inhabilitación, que acaba a principios de junio, hace mención expresa a la prohibición de manejar caudales públicos. Una circunstancia que no se daría porque no tomará posesión mientras esté inhabilitado y, por lo tanto, no podría manejar dinero público. Circunstancia que tampoco se daría en el caso de ser un concejal de la oposición.
Además, Miranda asegura que en su sentencia se le impuso una restricción del derecho de sufragio pasivo (de concurrir a unas elecciones como candidato) «durante un año», una pena que ya habría cumplido desde junio de 2017.
Ramón Miranda asumió en junio de 2016 que cometió delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa al pagar con dinero público una sanción judicial por vulnerar en 2004 el derecho al honor de Luis López de Ayala y Aznar, y aceptó, mediante un acuerdo previo al juicio, una condena de un año de cárcel y tres años y un día de inhabilitación especial. Esa sentencia señala que hasta el día 8 de junio de 2019, Miranda no podrá desempeñar ningún empleo o cargo público que implique la administración y gestión de caudales públicos.
Fuente: Periódico El Día
