Rafael Yanes pide al Estado la “solidaridad obligatoria” con los menores inmigrantes

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El Diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta, Milagros Fuentes, se reunieron recientemente con el secretario general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Rafael Escudero, y con la secretaria técnica de la Red, Paloma García, para establecer vías de colaboración ante la situación que vive Canarias con la llegada de personas procedentes del continente africano de forma irregular.

En este encuentro, el secretario general de la Red, Rafael Escudero, trasladó su solidaridad y apoyo a los procesos de reubicación a la Península: “creemos que es algo necesario pero que se debe hacer con las garantías y estableciendo las vías legales y de seguridad necesarias”. En esta misma línea, añadió que “no podemos seguir teniendo elementos que generen actitudes de odio, por ello, solicitamos la creación de un mecanismo no gubernamental que, con datos de las diferentes instituciones públicas, ofrezca a la ciudadanía información veraz sobre el conjunto de acciones en materia de políticas migratorias”.

Escudero aprovechó para anunciar: “la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, aunque sea una entidad estatal con vocación internacional, tendrá una sede en Canarias, ya que existe una situación especial que requiere un análisis detallado”.

Por último, el Diputado del Común señaló que “en Canarias tenemos dos problemas fundamentales: por un lado, la edad de estas personas, que se determina a través de una prueba ósea que debe ser inmediata y en la que estamos tardando meses. La consecuencia es que hay personas mayores de edad en centros de menores, lo que provoca que no se pueda garantizar la protección de estos niños que llegan a nuestras costas y que son responsabilidad de la Comunidad Autónoma”. En esta misma línea Yanes añadió que “el segundo problema es el servicio de acogida de menores, que está colapsado y por lo que necesitamos la colaboración de otras comunidades autónomas. Por ello, considero necesario que el Gobierno del Estado promueva una iniciativa para que todas las comunidades estén obligadas a un compromiso de corresponsabilidad con estos menores”.

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