El grupo insular de Podemos ha denunciado a las consejerías de Turismo e Innovación del Cabildo de Tenerife ante el Comisionado de Transparencia de Canarias por vulneración del derecho de acceso a la información pública que ostentan por mandato legal los cargos electos de administraciones como ésta.
Las vulneraciones denunciadas guardan relación, por un lado, con expedientes de calificación territorial de 130 placas fotovoltaicas solicitadas por el ITER en el polígono industrial de Granadilla y, por otro, con los oscuros pagos millonarios por valor de 1,3 millones de euros realizados durante los últimos cinco años con tarjetas de crédito de la sociedad Turismo de Tenerife-SPET.
Como explica la consejera de Podemos Mila Hormiga, la formación morada ha reiterado en ambos casos la petición de acceso a información y documentación concreta con el propósito de fiscalizar y esclarecer decisiones políticas y gastos de dinero público que, a priori, resultan extrañas e, incluso, sospechosas. Las solicitudes de información han sido realizadas tanto a través del registro insular como, en el caso de las tarjetas de crédito de Turismo, también en pleno insular.
“Pero lo único que hemos recibido han sido unos pocos datos y documentos incompletos que poco o nada tienen que ver con lo que hemos pedido y, sobre todo –critica Hormiga–, un montón de excusas para no facilitarnos la información requerida”. Añade que lo único que ha sacado en claro el grupo Podemos “ha sido el interés del gobierno insular de CC-PSOE por mantener estas cuestiones en secreto, fuera del alcance nuestro grupo y de la ciudadanía tinerfeña”.
En el caso de las 130 placas fotovoltaicas, este grupo político empezó a solicitar información el octubre de 2016. El Servicio Administrativo de Innovación respondió el 12 de diciembre adjuntando copia del acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se otorgaba la calificación territorial y escrito del director gerente del ITER informando que “la adquisición de las referidas instalaciones solares fotovoltaicas por los titulares se realizó en el marco de contratos privados que se suscribieron en el ámbito de la actividad de la empresa como promotora de dichas instalaciones y no en el de los contratos sujetos a la normativa de contratación pública”, por lo que los nombres de las personas físicas y razón social de las personas jurídicas han de entenderse que son datos protegidos. Podemos accedió a este expediente administrativo el pasado 11 de enero, estando aún pendiente de recibir copia del mismo, “pero los documentos de ese expediente donde obran los titulares de estas placas, han sido censurados y no han podido ser examinados por nuestro grupo político”.
En el caso del extraño gasto de 1,3 millones de euros con tarjetas de crédito de la sociedad Turismo de Tenerife, esta formación empezó a pedir información vía registro general el 4 de enero tras descubrir que Intervención de Fondos había alertado de que en sociedades insulares como esa había tarjetas de crédito no fiscalizadas y de las que se desconocía incluso quiénes eran sus titulares. “Habíamos requerido información detallada de los gastos, y lo que nos facilitó el consejero de Turismo fue información estadística genérica sobre el tipo de gastos, algo que imposibilitaba saber si los gastos habían sido o no adecuados y procedentes”, comenta Hormiga. Este requerimiento ha sido reiterado a través del registro, del pleno y de comisión insular. “Pero pasan los meses y esa información sigue estando vetada al grupo político Podemos con la misma excusa que nos dieron en lo relativo a las placas fotovoltaicas: que se trata de información personal protegida”.
La representante de Podemos incide en que estos no son los únicos asuntos del Cabildo en los que su grupo político ha chocado con un muro de censura oscurantista, y cita entre otros ejemplos el acceso a la investigación de las cuentas de la Institución Ferial de Tenerife tras saltar un presunto desfalco de fondos públicos, “pero hemos decidido empezar con estas dos denuncias para comprobar si el Comisionado de Transparencia dependiente del Gobierno de Canarias es un órgano capaz de tumbar esos muros”. En caso contrario, añade, “nuestro siguiente paso será recurrir a los tribunales para reclamar la información y documentación que nos están vetando a pesar de que, como ha informado por escrito el propio secretario general insular, como cargos públicos nos asiste el derecho a acceder a toda la información relacionada con el Cabildo de Tenerife, incluidos sus organismos y su entramado societario”.
