Definir claramente el marco de financiación de los servicios sociales de Canarias, de sus infraestructuras y del personal necesario teniendo en cuenta a la cantidad de población beneficiaria y la complejidad territorial de las islas, así como las competencias de cada administración, la composición de los equipos interdisciplinares básicos que deben prestarlos, son algunas de las propuestas que el grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife está intentando consensuar con los grupos políticos insulares para que esta administración defienda a través de la FECAI (Federación Canaria de Islas) su inclusión en la nueva la Ley de Servicios Sociales que se discute en el Parlamento de Canarias.
En cuanto a las mejoras que la formación defiende introducir y blindar en esa ley, la consejera del grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, Mila Hormiga, destaca también el acceso universal gratuito de la ciudadanía a los servicios sociales, que se fije la obligatoriedad de su prestación pública frente a la concertada así como las pautas necesarias para facilitar el rescate de los servicios concertados con empresas que solo buscan beneficios. Incide que si esto no se desarrolla como es debido, “los servicios que de forma subsidiaria se tengan que encomendar a terceros, en vez de ser prestados por colectivos sin ánimo de lucro, que es lo que hay que priorizar, acaban en manos de grandes lobbies empresariales”.
Definir cartera de servicios
Añade que es imprescindible definir cuáles son los servicios y prestaciones que va a contener la Cartera de Servicios que se van a prestar, con denominación, definición y objeto, sobre todo, dejando claro cuáles son los servicios no esenciales y que todo ello se desarrolle en el plazo máximo de un año. Enfatiza también la importancia de que se describan los servicios básicos y especiales, así como la administración competente para la prestación de cada uno de ellos, además de contemplar una dotación económica que defina la financiación de esos servicios garantizados así como las infraestructuras necesarias,“pues el borrador de la nueva ley incurre en ambigüedades en ese sentido y corremos el riesgo de seguir como hasta ahora, sin un marco normativo claro en puntos tan importantes”.
Entre otras propuestas, resalta también la necesidad de regular la promoción de la participación de la población usuaria de los servicios sociales, los mecanismos de participación entre instituciones y sociedad civil a nivel insular y municipal y, también, la promoción laboral de personas con discapacidad, discriminación positiva de la mujer en puestos directivos, condiciones laborales estables para el personal, reintegro de posibles beneficios en la mejora del mismo y calidad en el empleo.
Papel activo del Cabildo
“Es fundamental que el Cabildo de Tenerife juegue un papel activo en la mejora de esta nueva Ley que va a marcar la diferencia entre que esta Isla y el Archipiélago sigan como hasta ahora, a la cola estatal en calidad y nivel de prestación de los servicios sociales, o que consigamos ponernos al nivel de las comunidades más avanzadas en esta materia”, resalta Hormiga. En concreto, explica, la formación morada ha planteado al resto de grupos representados en el Cabildo (CC, PSOE y PP) un total de 12 enmiendas con las que se pretende subsanar los vacíos, ambigüedades y fallos normativos que ha advertido Podemos en el borrador de esta ley que se tramita en el Parlamento de Canarias y que se encuentra actualmente en fase de enmiendas.
Y detalla que estas propuestas fueron planteadas vía moción en el pasado pleno insular, “y aunque todos los grupos coincidieron en que las apoyaban casi íntegramente –destaca–, a petición suya las retiramos hasta que la Cámara regional avance en su tramitación en función de las enmiendas de otras administraciones y colectivos profesionales, momento en el que volveremos a llevar estas propuestas a pleno para lograr un posicionamiento institucional del Cabildo”. Mientras, comenta, la formación ha hecho presión para que la consejera representante de la corporación insular en la FECAI “no defienda una postura partidista en ese órgano, sino una postura institucional, consensuada con todos los grupos políticos representados en el pleno”.
