La consejera de Derechos Sociales explicó en comisión parlamentaria la gestión en materia de dependencia durante la crisis del coronavirus
“Durante el Estado de Alarma en casi toda España el sistema de atención a las personas en situación de dependencia colapsó, no solo por la Covid, sino también por cuestiones que se venían arrastrando de antes. Afortunadamente, podemos afirmar que en Canarias no fue así”, afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en el transcurso de la comisión de Derechos Sociales celebrada hoy en el Parlamento sobre la gestión en materia de dependencia durante la crisis del coronavirus.
En su intervención, Santana señaló que según el informe ‘Impacto del Covid-19 en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD)’ elaborado por el Estado, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales con datos a 31 de mayo de 2020, Canarias fue la tercera comunidad autónoma, detrás de la comunidad Valenciana y Baleares, en incrementar el número de personas beneficiarias con prestación con respecto a mayo de 2019. De hecho, según este informe, la cifra de personas que recibieron una prestación, tanto económica como en servicio, se incrementó en un 10,4%, 2.336 personas más, “lo que situó a las Islas como la tercera comunidad autónoma en incrementar el número de personas beneficiarias a pesar de la situación de alarma sanitaria”.
En relación a la evolución de personas con derecho a prestación pendientes de recibirla, la consejera destacó también la evolución positiva ya que Canarias pasó de contar con 9.040 a finales del año pasado a 7.562 actuales, lo que implica una reducción del 15,5%, “un dato que ha ido descendiendo a lo largo de este año”.
En cuanto a la evolución de las resoluciones de grado, Santana aclaró que Canarias ha alcanzado una cifra estable de 38.000. A este respecto, indicó que “desde luego, no hemos avanzado mucho, pero comparados con otras comunidades somos la cuarta en dicho ranking con un 5,4% de avance a pesar de encontrarnos en una situación en la que no podíamos ir a visitar a las casas debido al Estado de Alarma”.
Por su parte, en cuanto al número de solicitudes, Canarias, con más 55.000 solicitudes registradas, fue la tercera Comunidad Autónoma que más aumentó en número de solicitudes, “un dato que resulta de la incorporación de 5.200 solicitudes que no se habían convertido en expedientes”, aclaró la consejera quien resaltó que el hecho de incorporar estas solicitudes provenientes de la legislatura anterior y que hacen que los datos parezcan peores, “ya que contamos con más solicitudes y por tanto un menor porcentaje de gente con expediente resuelto respecto a las solicitudes”.
En la comisión, Santana enfatizó que la situación generada por la pandemia “ha puesto de relieve la necesidad de contar con mayor número de infraestructuras sociosanitarias”. A este respecto, aclaró que se ha trabajado mano a mano con los Cabildos insulares con el fin de avanzar hacia un modelo que combine las grandes infraestructuras sociosanitarias que cubran la alta demanda de plazas con centros de menor tamaño que puedan dar una atención más personalizada, así como valorar el aumento de ratios de profesionales por centros y la importancia de implantar un sistema de atención domiciliaria para las personas mayores, dependientes y con discapacidad que pueda aliviar la necesidad de plazas residenciales, “que es algo que me consta que también se está trabajando desde el Estado”.
Ante todo lo expuesto, la consejera aclaró que “desde luego, falta muchísimo para tener en Canarias una situación de la dependencia como para presumir, pero según los datos estamos en el buen camino. Y, por primera vez en mucho tiempo, nuestro Archipiélago destaca respecto a otras comunidades autónomas por lograr una serie de pequeños avances que para Canarias son muy grandes”.
