Carmen Hernández denuncia que CC y el PP perdieron una “oportunidad de oro” para incorporar esta iniciativa en la norma de medidas urgentes
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) urgió ayer al Gobierno de CC y el PP a convalidar, sin más demoras, un decreto ley para fomentar el alquiler de vivienda vacía con garantías para el propietario del inmueble. La parlamentaria del grupo canarista progresista Carmen Hernández denunció que el pacto de las derechas canarias, con el apoyo además en el Parlamento de la ASG y la AHI, perdió una “oportunidad de oro” para incorporar esta propuesta en la norma de medidas urgentes en materia de vivienda, ratificada el pasado mes de marzo en el Legislativo con el rechazo del canarismo de progreso.
Carmen Hernández, junto con la presidenta de NC-BC en Fuerteventura y diputada, Natalia Santana, mantuvo el pasado martes una reunión con dos colectivos, Alquileres Justos Fuerteventura y SOS Vivienda Canarias; con el objetivo de evaluar el grave problema para acceder a una vivienda en el Archipiélago.
Un encuentro de trabajo que, como indicó Hernández, se desarrolló en la isla majorera por ser “uno de los ejemplos más dramáticos, más duros” de las consecuencias de la emergencia habitacional en Canarias. Residentes viviendo en coches, proliferación de autocaravanas usadas como domicilio permanente y las ocupaciones irregulares son, tal y como describió, algunas de las expresiones más extendidas de la tensión que sufre la ciudadanía en Fuerteventura y en otras islas como Lanzarote, así como en áreas urbanas y turísticas de Tenerife y Gran Canaria, principalmente.
Ambos colectivos, según la parlamentaria de NC-BC, coinciden “con nosotros en que necesitamos medidas urgentes y que una de las que, con mayor rapidez, se puede arbitrar” es el fomento del alquiler de las residencias vacías con garantías para los propietarios.
Carmen Hernández mantuvo que, si se logra poner en el mercado el 10 por ciento de las 211.000 viviendas cerradas en las islas, se rebajarían significativamente las tensiones actuales provocadas por el desorbitado crecimiento del alquiler vacacional, la compra por parte de extranjeros para especular y la nula política pública hasta la aprobación, en la pasada legislatura, del plan canario de 2020 a 2025, dotado de una ficha financiera de 664 millones de euros.
Ante el “malestar y la necesidad de facilitar” el acceso a una vivienda a los sectores de población que, por su situación económica o personal, no pueden acceder a un alquiler a los precios de mercado actuales, NC-BC urgió al Ejecutivo aprobar un decreto ley, sin más demoras.
Una norma que, como propuso Hernández, tiene que dar seguridad jurídica y garantías a los propietarios para el cobro del arrendamiento con una póliza de seguro, que cubra todas las incidencias posibles que puedan surgir.
La necesidad del decreto ley para fomentar que las residencias privadas regresen al mercado del arrendamiento es una “necesidad” que la parlamentaria canarista planteará al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, en la comparecencia solicitada para la correspondiente comisión. Se celebrará pasado mañana viernes.
En opinión de Carmen Hernández, el Gobierno de las dos derechas canarias perdió una “oportunidad de oro” para incluir estas medidas en el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, convalidado en el Parlamento a mediados del pasado mes de marzo con el rechazo de Nueva Canarias-BC.
