Campos defiende todas las reformas de las leyes estatales para la distribución de los jóvenes entre las comunidades e insiste en dar a conocer esta realidad al Congreso de los Diputados
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) apoyó ayer, en el pleno del Parlamento, la comunicación gubernamental y las propuestas de resolución, consensuadas entre todos los grupos salvo la extrema derecha de Vox, para garantizar los derechos de los menores migrantes no acompañados que llegan a las costas de los territorios frontera, como Canarias. El portavoz parlamentario de NC-BC, Luis Campos, defendió todas las propuestas de reformas de leyes estatales para la distribución de los jóvenes entre todas las comunidades del Estado. Subrayó la importancia de la iniciativa del grupo canarista para que la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias traslade a sus homólogos del Congreso de los Diputados la realidad del Archipiélago, que en la actualidad tutela a 5.500 menores, y los medios disponibles para hacer frente a esta realidad. El grupo canarista progresista reiteró que serán las Cortes Generales donde se deberán sancionar las reformas de las leyes que se decidan finalmente.
Luis Campos consideró adecuada la comunicación del Gobierno, que surgió de los acuerdos adoptados desde que, el pasado mes de octubre, se firmó el pacto canario entre los grupos parlamentarios y el Ejecutivo canario. Acuerdos que integraron las dos principales propuestas de NC-BC. Una destinada a modificar la legislación del Estado para la acogida obligatoria por parte de todos los territorios ante el fracaso de la voluntariedad y la necesidad de que el Congreso de los Diputados fuera informado por la Cámara canaria de la situación que se afronta en las islas.
El portavoz canarista volvió a apelar a la “unidad”, a la acción coordinada de todos, instituciones, partidos y organizaciones civiles porque es la “hora de demostrar que se tiene altura de miras para priorizar los intereses de esta tierra y, en este caso, de los menores”.
Campos consideró que la modificación del Código Civil sería la vía más inmediata. Pero, como remarcó, “sin excluir” el resto de las propuestas de reformas legislativas elaboradas por el Gobierno canario o que se puedan acordar. Con la misma intensidad avaló el establecimiento de negociaciones entre los gobiernos canario y estatal, así como con el resto de las comunidades para intentar avanzar “rápidamente, pero sin olvidar nunca” que esos cambios legales deberán ser votados finalmente por las Cortes Generales.
Apeló al conjunto de las diputadas y diputados de la Cámara Baja, como a los del Senado, y en especial a los representantes de Canarias en ambas cámaras, para que apoyen esta iniciativa. Una cuestión muy importante, para NC-BC, pasa por trasladar los motivos para acordar estas decisiones y la situación del Archipiélago por parte de la Junta de Portavoces del Parlamento al mismo órgano del Congreso de los Diputados.
Luis Campos señaló que es “necesario que entiendan lo que estamos planteando, no sólo” a través de una comunicación. Para el grupo canarista, es “fundamental que la Junta de Portavoces de la Cámara Baja sea informada “de viva voz”, en Canarias, de las razones que mueven al Archipiélago a recabar la implicación institucional y territorial del resto del Estado con los menores migrantes no acompañados y para que visiten alguno de los centros y recursos de acogida de los mismos.
Nueva Canarias-Bloque Canarista, reafirmó el portavoz parlamentario, “estará con el Ejecutivo, con las instituciones canarias y, por supuesto, con los derechos humanos como elementos esenciales” de la realidad derivada de la mayor intensidad de flujos migratorios gestionados por Canarias hasta la actualidad. Una de cuyas vertientes más complicadas y de mayor sensibilidad, tal y como remarcó, estriba en la puesta en práctica de políticas que garanticen los derechos humanos y, en este caso, de los menores.
