El Grupo Parlamentario Socialista presenta en el Pleno de la Cámara regional una Proposición No de Ley (PNL) para “hacer frente” a los déficits del primer año de gestión del gobierno de CC y PP en áreas clave para garantizar el acceso a los derechos esenciales de la ciudadanía canaria
El Pleno de la Cámara regional ha rechazado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para paliar la “falta de gestión” por parte de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) en políticas sociales durante este primer año de gobierno, así como para “hacer frente” a los déficits en áreas clave que no están garantizando el acceso a los derechos esenciales de la ciudadanía canaria.
En la iniciativa, defendida por la diputada socialista Elena Máñez, se insta a trabajar desde el diálogo con las y los representantes legales del personal de la Consejería de Bienestar Social para responder a los déficits actuales y las distintas incidencias que están siendo denunciadas, como las referidas a la gestión de las citas, así como corregir todas aquellas medidas que se han vendido adoptando y que vulneran los derechos de las y los trabajadores en materia de jornada laboral y en materia conciliación, entre otras.
También se pide la aprobación del convenio colectivo de Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS) para acabar con la precariedad del personal y equiparar sus condiciones a las de otras fundaciones públicas de la Comunidad Autónoma. «No podemos permitir que la consejera convierta FUCAS en el servicio low-cost del Gobierno», añadió.
La propuesta solicita la aprobación con carácter urgente del complemento a la vivienda de la Renta Canaria de Ciudadanía para dar respuesta a la emergencia habitacional existente en Canarias, y publicar mensualmente, como lo hace el Gobierno de España con el Ingreso Mínimo Vital, los datos de la nómina mensual, familias beneficiarias, altas y bajas y lista de espera de la Renta Canaria de Ciudadanía.
De cara a la negociación y aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2025, se pide garantizar la suficiencia financiera para seguir completando el desarrollo de los distintos complementos que recoge la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía.
También se solicita garantizar el desarrollo de un “auténtico proceso participativo” con todos los agentes implicados en materia de dependencia para consensuar un decreto de reconocimiento de la situación de dependencia, que corrija las “graves deficiencias” denunciadas por diversos agentes que permanecen en el nuevo borrador, y que garantice la igualdad en el acceso y los derechos de las personas en situación de dependencia, así como garantizar los medios humanos y materiales necesarios para el buen funcionamiento del sistema.
El Grupo Socialista reclama en la propuesta la rectificación de todos los aspectos lesivos del nuevo decreto de reconocimiento de la situación de dependencia que se recogen en el nuevo borrador presentado en agosto por la Consejería, como la extinción del derecho si no se hace efectivo en el plazo de tres meses desde su reconocimiento; clarificar de forma inequívoca quienes son las y los profesionales competentes en el procedimiento de valoración y la formación que deben acreditar.
En esta línea, se pide mantener el informe social, dado que, para el PSOE, el informe del entorno que debe realizar el equipo valorador en el domicilio de la persona solicitante no ofrece las mismas garantías y rigor que el informe social para estudiar y valorar en profundidad y hacer un diagnóstico de la situación de la persona en situación de dependencia. “Debe ser elaborado por quienes tienen la competencia y formación para su realización, que son las y los profesionales de trabajo social”.
Desde el Grupo Socialista se pide clarificar las “cuestiones de urgencia o extrema necesidad” que habilitan para modificar el orden de valoración para no vulnerar la igualdad en el acceso al derecho, y aclarar la composición de la Comisión Técnica de Valoración y sus funciones, eliminando el muestreo porque “genera inseguridad e indefensión” por su carácter aleatorio.
Para Máñez, el balance de este primer año de gestión del gobierno CC-PP presenta déficits importantes en áreas clave para garantizar el acceso a derechos esenciales de la ciudadanía.
En este sentido, explicó que, en este último año, los desahucios en Canarias han aumentado un 200% durante el primer trimestre de 2024, y recordó que Cáritas ha alertado en las dos provincias de la cronificación de la pobreza y del incremento de personas que acuden por primera vez en 2023, una tendencia que se mantiene en 2024.
Además, afirmó que la problemática habitacional se ha convertido en uno de los principales factores generadores de pobreza en Canarias y de exclusión social, y el gobierno de CC-PP se ha mostrado incapaz y falto de voluntad para aprobar el complemento a la vivienda de la Renta Canaria de Ciudadanía.
A esto hay que sumar las diversas denuncias de distintos colegios profesionales sobre el colapso en dependencia, la falta de participación en la elaboración del nuevo decreto y el riesgo de privatización e intrusismo profesional. “No se entiende que quien ha sido presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Tenerife elimine el informe social y el papel de las y los trabajadores sociales, es un auténtico atentado al ejercicio de la profesión del trabajo social. Por si fuera poco, se ha generado el peor clima laboral en la Dirección General de Dependencia de los últimos 17 años”, añadió..
Para el Grupo Socialista, transcurrido un año desde el inicio de la legislatura, “apenas” se ha avanzado en el desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales; se ha ralentizado la concesión de nuevas prestaciones de reconocimiento de la dependencia; las únicas mejoras en los trámites administrativos que ha planteado la Consejería supondrán un menoscabo importante en el acceso al derecho de la ciudadanía, y las resoluciones de concesión de la Renta Canaria de Ciudadanía acumulan considerables retrasos y su dotación presupuestaria es “notablemente insuficiente”.
La diputada socialista volvió a recalcar La diputada socialista volvió a recalcar que el clima generado con las organizaciones sociales y sindicales se ha enrarecido como consecuencia de algunas reformas reglamentarias iniciadas por la Consejería. “En definitiva, los propios objetivos del gobierno planteados hace un año, divergen cada vez más sobre la realidad que presenta Canarias a día de hoy. Nos encontramos con una consejería colapsada y sobrepasada por las circunstancias, sin capacidad de respuesta a los retos sociales que tiene Canarias.
