FEPECO avisa que el atasco de las licencias urbanísticas en las Oficinas Técnicas y Gerencias impide la construcción de viviendas, siendo el elemento que más ralentiza las promociones en las Islas
Oscar Izquierdo, presidente de la Patronal de los promotores y constructores de nuestra provincia, insiste en la prioridad de implantar una Simplificación Administrativa, basándose en tres ejes: normativo, de trámites y de digitalización de los procesos, con el objetivo de identificar duplicidades de trámites, excesos regulatorios o normativos y cualquier cuello de botella que se produce dentro de la Administración Pública
Propone que se ponga en marcha, lo más rápido posible, la externalización de los trámites de licencias de obras mayores a entidades homologadas o Colegios Profesionales. Actualmente en casi todos los ayuntamientos hay un «embudo» en el servicio de licencias urbanísticas, con apenas arquitectos o personal jurídico propios. Se tardan meses en «asignar técnico» para las licencias de obra nueva o en casos de reforma de edificios. Lo más normal es que al entrar una solicitud pasan, como mínimo, entre año y año y medio, siendo a partir de ahí cuando se empieza a trabajar el expediente para desespero de los peticionarios.
Una medida que se ha demostrado eficaz allí donde se ha implantado, que ya existe en otros lugares de la Península, incluso en Tenerife hemos tenido un caso concreto. Cuando era concejal de urbanismo en La Laguna, el actual presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, lo aplicó con el Colegio de Arquitectos y resultó un éxito absoluto. Con la puesta en marcha, para desatascar las licencias urbanísticas, de la utilización de las Entidades Colaboradoras de la Administración o Colegios Profesionales, que permite acudir a entidades externas autorizadas para la gestión de los trámites relativos al proceso de edificación se recortan los plazos y se gana tiempo. Los expedientes tramitados por estas Entidades deben remitirse al ayuntamiento para que este compruebe que se ajusta a la legalidad urbanística. Esta fórmula, con entidades privadas y colegios profesionales o empresas especializadas, podrán realizar todas las comprobaciones en los proyectos presentados, dejando que los ayuntamientos den el último paso dando el apoyo jurídico. Es decir, las Entidades externas no aprueban las licencias y ha de ser en última instancia el ayuntamiento el que dé el visto bueno. Queremos que las empresas homologadas o Colegios Profesionales puedan llevar a cabo las comprobaciones, para reducir la burocracia, tanto para los ciudadanos, como para las empresas de las islas y también para los inversores.
La Administración Pública tiene que dejar de ser un problema para los ciudadanos o empresarios, reduciendo la burocracia, simplificando trámites y legislación y a la vez haciéndola más productiva, con medidas regulatorias en cuanto a cumplimiento estricto de los plazos establecidos en la Normativa vigente y si no los cumplen, que haya las correspondientes sanciones y correctivos, como se hace con la generalidad de la ciudadanía. La Administración Pública está obligada a modernizarse, sin que eso signifique engordarla, sino racionalizar sus recursos humanos y materiales, así como principalmente, incorporar una exigencia de rendimiento personal y profesional a todos los empleados públicos. Lo que pedimos es una Función Pública que sea servicio público eficiente.
Otras medidas oportunas serían el aumento de la plantilla de las Oficinas Técnicas y Gerencias, que en este momento es imperioso en todos los ayuntamientos, sumado a otras medidas, como las declaraciones responsables que permiten iniciar obras en edificios sin protección patrimonial con la presentación de dicha declaración responsable que, a posteriori, revisarán los técnicos municipales.
