Cinco defensorías del pueblo apuestan por medidas alternativas en la resolución de los conflictos que les plantea la ciudadanía
La diputada del Común de Canarias, Lola Padrón, ha participado este miércoles en el acto de firma del Acuerdo de las defensorías sobre la cultura de la justicia restaurativa, el diálogo, la conciliación, el acuerdo y la reparación, cuyo objetivo es impulsar las medidas alternativas de resolución de conflictos en las quejas que llegan a estas instituciones.
El acuerdo, impulsado por la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, también ha sido firmado por Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, defensor del pueblo andaluz; Manuel Lezertua Rodríguez, ararteko (País Vasco); María Dolores Padrón, diputada del Común (Canarias) y Patxi Vera Donazar, Arartekoa (Navarra). Las cinco defensorías se comprometen a abrir vías más creativas y con menos confrontaciones para resolver los conflictos entre la ciudadanía y la Administración. Así, acuerdan implementar herramientas como la mediación, la justicia restaurativa, el acuerdo o la reparación, que están más en consonancia con la cultura de la paz.
Lola Padrón, la Diputada del Común, en su intervención aseguró que «nos reúne un tema fundamental para la construcción de sociedades más justas y pacíficas: la justicia restaurativa como instrumento de paz, concordia y mediación. En un mundo donde el conflicto y la violencia siguen dejando huellas profundas en nuestras comunidades, debemos replantearnos la manera en que entendemos la justicia y cómo podemos hacer de ella una herramienta para sanar, reconstruir y prevenir”.
El acto celebrado en el Espacio Francesca Bonnemaison, en Barcelona, contó con la presencia del consejero de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler y la ponencia de Pascual Ortuño, magistrado emérito y referente internacional en el ámbito de la mediación y la resolución alternativa de conflictos.
Protocolo interno
La institución del Síndic lleva tiempo implementando esta nueva mirada en la gestión de las quejas y ha aprobado un protocolo interno sobre cómo actuar en aquellos casos en los que alguna de estas medidas alternativas sea adecuada para resolver la cuestión planteada. En caso de que sea viable, se propone a las partes una medida concreta para resolver el caso (mediación, diálogo, conciliación, círculo restaurativo), se realizan sesiones individuales o conjuntas con los interesados y la Administración, y se finaliza el proceso con un acuerdo, que contiene compromisos o la reparación material documentada.
Para la diputada del Común, este modelo tiene un impacto transformador en diversos ámbitos, dado que “promueve la paz y la reconciliación, fortalece la convivencia y la concordia social, empodera a las víctimas y fomenta la responsabilidad del infractor y humaniza la justicia, más allá de los expedientes y las sentencias”.
La síndica, Esther Giménez-Salinas, durante su intervención, destacó que el conflicto puede ser una gran oportunidad para que la cultura restaurativa transforme la realidad, a través de la responsabilidad, la reparación del daño y el respeto “con este acuerdo nos comprometemos a impulsarla bajo los principios del buen gobierno y la buena Administración, en un marco de protección y respeto a los derechos humanos.”
Para Padrón, “la justicia restaurativa nos recuerda que detrás de cada conflicto hay seres humanos con historias, emociones y necesidades. Este enfoque nos permite construir una justicia más cercana, inclusiva y centrada en la dignidad de las personas”, señaló.
