El Archipiélago cuenta con 545.344 plazas de alojamiento turístico entre hoteles, apartamentos y vivienda vacacional
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, presentó este martes el informe ‘Distribución y concentración del alojamiento turístico en Canarias’, elaborado por el Observatorio Turístico junto a investigadores de la Cátedra CajaCanarias-Ashotel de la Universidad de La Laguna (ULL).
De León, que estuvo acompañada por el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, y del catedrático de la ULL, Raúl Hernández, uno de los coautores del informe, destacó que “las plazas de vivienda vacacional en Canarias suponen un 36% del total de la oferta alojativa, frente al 18% de los apartamentos tradicionales, mientras que los hoteles ascienden al 46%”.
La consejera explicó que “ya existen dos municipios en el Archipiélago en donde predomina la vivienda vacacional frente al alojamiento hotelero, como son Las Palmas de Gran Canaria y La Oliva, en Fuerteventura; una ratio que demuestra la necesidad de la regulación de la oferta de alojamiento turístico en la línea que está yendo Europa y el resto del mundo, como consecuencia del rápido crecimiento de la oferta de vivienda vacacional”.
La titular del área hizo hincapié en que “estos datos refuerzan la línea de trabajo de la Consejería y acredita la oportunidad de la puesta en marcha de la futura Ley del Uso Turístico Sostenible de la Vivienda en Canarias”. Además, recordó que “el Observatorio Turístico de Canarias va a ser protagonista en esta legislatura en la toma de decisiones públicas”.
De León también adelantó que “la Consejería y las dos universidades públicas canarias firmarán un convenio para el desarrollo y funcionamiento de la Cátedra Turismo de las Islas Canarias de Sostenibilidad e Inteligencia de Datos”.
El informe que se ha presentado este martes constata que Canarias cuenta con 545.344 plazas de alojamiento turístico de las que 251.308 son plazas hoteleras; 195.994 son de vivienda vacacional y 98.042 corresponden a apartamentos tradicionales.
La consejera hizo hincapié en que “la expansión de la oferta de alojamiento debe regularse para evitar tensiones como la falta de vivienda de alquiler ya que, si bien, la vivienda vacacional diversifica y complementa las otras modalidades, los hoteles y apartamentos están sometidos a numerosa normativa incluyendo, en el pasado, una moratoria turística, pero el crecimiento de la vivienda vacacional no está regulado y, sus efectos, requieren de una norma específica”, indicó.
En este sentido, el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, señaló que “hay seis municipios en Canarias que tienen más plazas turísticas que habitantes censados como son Pájara, Yaiza, Mogán, Tías, San Bartolomé de Tirajana y Adeje”.
Sanabria se refirió a la existencia de una amplia variedad de zonas de interés para el turista como núcleos turísticos consolidados; áreas turísticas incipientes; zonas rurales, cascos urbanos etc. “cada una con su problemática en relación al alojamiento”. “Paralelamente”, prosiguió, “existe una amplia variedad de tipos de vivienda vacacional, como viviendas unifamiliares; viviendas aisladas; viviendas en edificios residenciales; edificios completos, cada una con sus ventajas e inconvenientes”, destacó.
A este respecto, el director de la Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel de la Universidad de La Laguna y coautor del informe, Raúl Hernández, señaló que “en Canarias hay 8 plazas de vivienda vacacional por cada 100 habitantes, aunque esta cifra aumenta en Fuerteventura, 21 plazas por cada 100 habitantes; en Yaiza con 62 plazas por cada 100 habitantes y El Cotillo con 104 plazas de vivienda vacacional por cada 100 habitantes”.
Según el informe presentado, en diciembre de 2023 había en Canarias 200.000 camas de vivienda vacacional. Las cifras registradas en octubre del pasado año señalaban la existencia de 28.560 propietarios de los cuales el 71% eran personas físicas y el 28% personas jurídicas.
Además, el 50% de las plazas de vivienda vacacional corresponden al 79% de propietarios que tienen un solo inmueble, mientras que la otra mitad son propietarios que destinan dos o más viviendas a este uso.
