Los cuatro grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla (AIS/CC – AUP/SSP – Vecinos y PP) se han unido para pedir un pleno extraordinario de cara a continuar con la defensa de la corporación al mantener la personación de la institución como acusación particular en el juicio que está pendiente contra la alcaldesa, Fidela Velázquez (PSOE), y el concejal de Hacienda, Cayetano Silva (PSOE), por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
El juicio se encuentra en la fase previa a la apertura de juicio oral tras haberse desestimado en mayo de 2017 el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los cargos públicos investigados.
La oposición destaca en un comunicado de prensa que a pesar de encontrarse en esta situación procesal, la Junta de Gobierno Local acordó en junio de 2017 declarar finalizada la encomienda realizada al abogado y a la procuradora que habían estado representando y defendiendo al Ayuntamiento de San Juan de La Rambla en esta causa penal.
Por este motivo, los representantes de la Agrupación Independiente de San Juan de La Rambla-Coalición Canaria, Asamblea Unificada del Pueblo-Sí Se Puede, Partido Popular, y Vecinos por Tenerife-Ciudadanos Centro Democrático, han pedido la convocatoria de una sesión extraordinaria en la que se acuerde de forma urgente la prórroga del encargo de representación del Ayuntamiento al abogado y la procuradora que han mantenido hasta el momento esta labor. La propuesta también que, si existe algún impedimento a esta prórroga, se inicie un procedimiento para seleccionar la defensa de los intereses de la corporación, de forma que sea el pleno municipal el que determine los criterios de selección.
En su solicitud, los grupos políticos de la oposición recuerdan que la causa contra la alcaldesa y el concejal se sostiene en diferentes hechos. Así, en primer lugar, “en 2011 se pagaron a un arquitecto 3.500 euros y 8.400 euros por decisión de la Junta de Gobierno, respectivamente, para la realización de una plaza con kiosco en el paseo marítimo de Las Aguas y para la redacción del proyecto técnico para la reforma del paseo marítimo y la piscina del mismo barrio, sin que se haya aportado trabajo o proyecto alguno en ambos casos”.
En el mismo año, continúan, “se concedió de forma gratuita al hijo de la alcaldesa la elaboración del logotipo del municipio. No se cumplió con el requisito de convocar un concurso de ideas, además de que Velázquez no se abstuvo de participar en la votación. Igualmente, en 2012 se pagaron 4.220 euros un vecino de San Juan de la Rambla en concepto de indemnización por la extinción improcedente del contrato de aparcería del que era titular el receptor; estos fondos se pagaron mediante un decreto de la alcaldesa sin levantar los reparos fijados por la Intervención y la Secretaría municipal, que advirtieron a la alcaldesa Velázquez sobre la no procedencia de esta medida”.
Subrayan por último en el comunicado que “en 2013 un decreto de la alcaldesa estableció conceder gratificaciones en concepto de horas extraordinarias por un importe de 300 euros en favor de 16 empleados municipales. Al respecto, un informe de la Secretaría General señaló posteriormente que no existía constancia de encargo previo de los trabajos extraordinarios, ni su realización efectiva, ni referencia al número de horas extraordinarias realizadas. Lo más llamativo del caso es que este decreto se firmó sin informar al secretario municipal, un día antes de que la alcaldesa denunciada cesara en sus funciones al prosperar una moción de censura que supuso un cambio de gobierno en el Ayuntamiento”.
