La oposición en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla se retiró en la mañana de este jueves de la sesión plenaria «por la negativa de la alcaldesa Fidela Velázquez (PSOE) a dejar intervenir a cada representante de las cuatro formaciones políticas que constituyen el grupo mixto en la corporación», según manifiestan en una nota de prensa conjunta desde la Agrupación Independiente de San Juan de La Rambla-Coalición Canaria, Asamblea Unificada del Pueblo-Sí Se Puede, Partido Popular, y Vecinos por Tenerife-Ciudadanos Centro Democrático .
El pleno se había convocado por la unión de estas formaciones políticas con carácter extraordinario para continuar con la defensa de la corporación al mantener la personación de la institución como acusación particular en el juicio que está pendiente contra la alcaldesa y el concejal de Hacienda, Cayetano Silva, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Ante la intención de los representantes de las fuerzas políticas de la oposición de participar con turno de palabra en el pleno tal como se ha hecho en los dos años transcurridos de este mandato, la alcaldesa Velázquez «desautorizó esta práctica habitual y solo permitió la intervención del portavoz del grupo mixto según los mínimos establecidos por ley», señalan.
En el comunicado, desde la oposición apuntan que «la realidad es que la corporación no ha funcionado de esta manera durante este mandato y los representantes de las organizaciones integrantes del grupo mixto han visto menoscabados sus derechos a la libertad de expresión y a la participación política, que les asiste como ciudadanos y como cargos electos. Al menoscabo de estos derechos fundamentales se añade que los concejales del grupo mixto se han visto sometidos a campañas de desprestigio en las redes sociales, con insultos proferidos incluso por familiares de la alcaldesa, algo que resulta intolerable y reprochable desde el punto de vista de los criterios que deben regir en la relación entre las personas con diferentes posiciones políticas en un sistema democrático».
La propuesta de los representantes de la Agrupación Independiente de San Juan de La Rambla-Coalición Canaria, Asamblea Unificada del Pueblo-Sí Se Puede, Partido Popular, y Vecinos por Tenerife-Ciudadanos Centro Democrático, planteaba reiterar la encomienda al abogado y a la procuradora que han estado representando y defendiendo al Ayuntamiento en esta causa penal y que fue anulada por decisión de la Junta de Gobierno Local en junio de este 2017, semanas después de que en mayo se desestimara el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los cargos públicos investigados, de forma que el caso se encuentra en la fase previa a la apertura de juicio oral.
El grupo mixto incluía que, en caso de haber algún impedimento a la prórroga propuesta, se iniciara un procedimiento para seleccionar la defensa de los intereses de la corporación, de forma que sea el pleno municipal el que determine los criterios de selección.
Los grupos políticos de la oposición recuerdan que la causa contra la alcaldesa y el concejal se sostiene en diferentes hechos. Así, en primer lugar, en 2011 se pagaron a un arquitecto 3500.70 euros y 8.400 por decisión de la Junta de Gobierno, respectivamente, para la realización de una plaza con kiosco en el paseo marítimo de Las Aguas y para la redacción del proyecto técnico para la reforma del paseo marítimo y la piscina del mismo barrio, sin que se haya aportado trabajo o proyecto alguno en ambos casos.
En el mismo año, se concedió de forma gratuita al hijo de la alcaldesa la elaboración del logotipo del municipio. No se cumplió con el requisito de convocar un concurso de ideas, además de que Velázquez no se abstuvo de participar en la votación. Igualmente, en 2012 se pagaron 4.220 euros a un vecino de San Juan de la Rambla en concepto de indemnización por la extinción improcedente del contrato de aparcería del que era titular el receptor; estos fondos se pagaron mediante un decreto de la alcaldesa sin levantar los reparos fijados por la Intervención y la Secretaría municipal, que advirtieron a Velázquez sobre la no procedencia de esta medida.
Por último, en 2013, un decreto de la alcaldesa estableció conceder gratificaciones en concepto de horas extraordinarias por un importe de 300 euros en favor de 16 empleados municipales. Al respecto, un informe de la Secretaría municipal señaló posteriormente que no existía constancia de encargo previo de los trabajos extraordinarios, ni su realización efectiva realización, ni referencia al número de horas extraordinarias realizadas. Lo más llamativo del caso es que este decreto, subrayan desde la oposición, «se firmó sin informar al secretario municipal, un día antes de que la alcaldesa denunciada cesara en sus funciones al prosperar una moción de censura que supuso un cambio de gobierno en el Ayuntamiento».
