La modificación de la Ley Integral de Protección a los Menores se constituirá como un instrumento clave en la lucha contra la pobreza infantil en el Archipiélago. La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha presidido este martes el Consejo General de Servicios Sociales, en el que se han sometido a informe el anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley Integral de Protección a los Menores y la Estrategia Canaria de Inclusión Social 2019-2021. Ambos documentos guiarán las políticas públicas orientadas a combatir la pobreza de los próximos años.
Valido ha destacado que los últimos datos publicados sobre pobreza y exclusión social en el Archipiélago confirman que los índices de pobreza bajan en más de cuatro puntos, por encima de la media del Estado, que lo hace en 1,3 puntos. “No obstante, los datos sobre índices pobreza y pobreza infantil nos confirman que tenemos que seguir impulsando acciones y recursos para mejorar esta realidad en el Archipiélago, entre ellos la modificación de la Ley Integral de Protección a los Menores, ya que se trata del colectivo al que debemos prestar el mayor apoyo”.
En este sentido, Valido ha recordado que en 2018 el Gobierno ha contado con 15 millones de euros extras para programas contra la exclusión social, de los que 3 millones se han destinado específicamente a paliar las situaciones de pobreza infantil. “Estamos esperando que el Estado nos remita otros 30 millones más que, junto a acciones en el ámbito del empleo, como el Plan de Empleo Social recientemente firmado, la prestación canaria de inserción y el apoyo a las entidades del Tercer Sector, ocupan el núcleo de acciones contra la exclusión ”.
La modificación de la Ley Integral de Protección a los Menores va en sintonía con el “Pacto Canario por la Infancia” suscrito por el Parlamento autonómico. Este documento supone la aceptación de la “recomendación a los estados sobre la pobreza infantil” de la Comisión Europea, que fija como pilares estratégicos de las políticas sociales públicas el acceso de las familias y los niños a los recursos adecuados, a servicios de calidad y el derecho de los niños a la participación.
En ese contexto, la nueva norma -ha detallado la consejera- pone el foco en el sistema de protección. “Se recoge la figura de las familias de acogida, que la anterior ley no la recogía, y se incluyen los derechos de los jóvenes extutelados y su acompañamiento, de manera que tengan nuestra ayuda hasta que puedan ser independientes y no solo hasta que cumplan 18 años”. Por último, la norma contempla la posibilidad de que “los menores puedan acudir al Diputado del Común”.
Por su parte el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Santiago Rodríguez, ha señalado que la presentación de la estrategia supone “un paso más” de la Comunidad Autónoma en la lucha contra la precariedad. Hoy traemos a este Consejo un documento ambicioso, consensuado con todos los agentes políticos, económicos y sociales, y en el que han participado todos los departamentos del Gobierno de Canarias”, ha resaltado.
“El documento que presentamos parte de un análisis serio y riguroso que nos indica que la pobreza y la exclusión social son procesos multicausales y multivariables, donde la edad, especialmente la infancia, el género y la etnia o procedencia configuran diferentes perfiles de riesgo, podemos afirmar que la exclusión social es un concepto más complejo y, por ello, mucho menos definido. Tiene mucho que ver, sin duda, con la pobreza económica, pero no se limita a ella”.
Para conocer de manera rigurosa y pormenorizada la situación de cada una de las islas, el comisionado ha encargado “una macroencuesta” que estará disponible a principios del próximo año y que llegará a 4.600 familias y a más de 13.000 personas. “Observen la diferencia: el Instituto Nacional de Estadística solo llega a 432 familias”, ha puntualizado. “A partir de este momento no habrá actuaciones contra la pobreza que no sea medible. Queremos desterrar las creencias”.
