Los servicios jurídicos del Cabildo de Tenerife aseguran al periódico El Día que ya han abonado los 833.214 euros de la indemnización que debían pagar el Ayuntamiento de Icod de los Vinos y la administración insular a los 30 vecinos afectados por la actividad ilegal de una industria dedicada a fabricar bloques de hormigón en la calle Achinech, en el barrio de Santa Bárbara de Icod de los Vinos.
El Cabildo y el Ayuntamiento fueron condenados a compensar a estos 30 vecinos afectados por «su pasividad administrativa» ante esta industria ilegal. Estos vecinos acudieron a la justicia para denunciar las molestias causadas por el polvo, el ruido y las vibraciones generadas por esta industria ilegal desde 1981. La sentencia que condenó a ambas administraciones a indemnizarlos fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en julio de 2011.
«Sin perjuicio de que la condena sea solidaria, para el cálculo de la cantidad que corresponde asumir a cada administración, hemos entendido que durante todo el periodo anterior a la subrogación de la competencia, el Ayuntamiento de Icod debe asumir el 100% de la cuantía indemnizatoria. A partir de la subrogación, la responsabilidad sería compartida al 50%. De ello resulta la siguiente distribución: el Cabildo de Tenerife debía abonar 121.903 euros, y el ayuntamiento, 711.311 euros».
El Cabildo asegura que «ya se ha procedido a pagar la indemnización íntegra, dado que el ayuntamiento incumplió su obligación de pagar la parte que le corresponde. Queda pendiente el cálculo de los intereses, para su posterior abono». Una vez pagado el principal más los intereses, el Cabildo reclamará su parte al ayuntamiento.
El procedimiento de responsabilidad patrimonial finalizó con una sentencia que condenó solidariamente al Consistorio de Icod y al Cabildo a indemnizar a los vecinos. «Se fijó como cuantía indemnizatoria la cantidad de 750 euros por persona y año o fracción, excluyendo los periodos de tiempo que no son aplicables a todos los perjudicados, por no haber residido en el lugar durante todo el periodo contemplado en la sentencia. Y se fijó como fecha inicial de la responsabilidad el año 1982, y como fecha final el 14 de mayo de 2004», explican.
Estas fuentes insulares recuerdan que «en Icod de los Vinos venía funcionando desde los años 80 del siglo XX una fábrica de hormigón, que inicialmente tenía licencia, pero que fue objeto de importantes ampliaciones sin amparo de licencia municipal alguna. No es posible la legalización porque no lo permite el planeamiento urbanístico. Ante las molestias que generaba, los vecinos solicitaron insistentemente al ayuntamiento que actuara, pero no hizo nada en todo ese tiempo».
«Ante la pasividad municipal, el Cabildo se subrogó el ejercicio de dicha competencia mediante resolución de 9 de diciembre de 1995, pero no llegó a adoptar ninguna medida», explica el Cabildo.
Ante la inactividad de las dos administraciones, los vecinos interpusieron dos recursos contencioso-administrativos, que finalizaron con dos sentencias de condena. Un primer recurso, en 2001, condenó al Cabildo a incoar un procedimiento sancionador y a ordenar el restablecimiento de la legalidad conculcada. Y un segundo recurso «condenó solidariamente a las dos administraciones a indemnizar a los vecinos por los daños causados por la actividad ilegal durante todos los años en que cada una permaneció inactiva en el ejercicio de sus competencias», recuerdan desde el Cabildo de Tenerife.
Presunto delito medioambiental
En cumplimiento de una primera sentencia contra la bloquera, fruto del recurso planteado por los vecinos afectados, el Cabildo de Tenerife dictó una resolución el 5 de noviembre de 2003 por la que ordenó «la clausura de las instalaciones no amparadas por licencia y la retirada de la maquinaria, aunque ha sido sistemáticamente incumplida por la empresa, que levanta los precintos cada vez que se ponen», sostienen desde el Cabildo de Tenerife. Paralelamente a estas actuaciones, se tramita desde hace varios años en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Icod de los Vinos unas diligencias por un presunto delito medioambiental.
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