La Fiscalía Provincial ha solicitado la apertura de juicio oral contra el actual vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y exalcalde de Buenavista del Norte, Aurelio Abreu (PSOE), por un posible delito de prevaricación administrativa en el proceso de adjudicación, en el año 2006, de la redacción del proyecto de la residencia de discapacitados de Buenavista. El fiscal solicita una pena de 8 años de inhabilitación para Abreu y también para el funcionario que en ese momento ejercía como secretario-interventor en el Ayuntamiento.
Este caso se tramita en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Icod de los Vinos, tras una denuncia presentada en 2012 por el también exalcalde Antonio González Fortes (Sí se puede).
Según el fiscal, Abreu encargó de forma irregular este trabajo, por un importe de 270.000 euros, a una empresa de la que era propietario el exedil del PSOE en Santa Cruz de Tenerife Ramiro Cuende.
Para la financiación del proyecto, el Consistorio buenavistero había recibido una subvención de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias por valor de 162.000 euros. Esa fue la cantidad que se pagó a la empresa de Cuende, «que no reclamó las cantidades restantes», según Fortes.
«Esto pone punto y final a la fase de instrucción, que se ha demorado bastante. Han pasado seis años y el Ayuntamiento de Buenavista ha sido el gran perjudicado porque era un proyecto precioso, que queríamos desarrollar y no pudimos hacerlo», destaca Antonio González Fortes.
