Con esta nueva convocatoria, el Gobierno de Canarias habrá invertido en los últimos tres años más de 42 millones de euros para esta actuación, prevista en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que pretende fijar población en el medio rural a través de ayudas que faciliten el acceso a una vivienda
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha publicado hoy en la sede electrónica del Gobierno, la Resolución por la que se pone en marcha, con una dotación de 13.251.710 euros, la tercera convocatoria de la línea de ayudas destinada a combatir la despoblación en el medio rural, una actuación incluida en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 con el objetivo de fijar la población en los municipios de menos de 20.000 habitantes facilitando el acceso a una vivienda. De esta manera, en los últimos tres años, el Gobierno de Canarias ha destinado más de 42 millones de euros a financiar varias actuaciones que faciliten el acceso a una vivienda en los municipios menos poblados de las islas.
Los municipios interesados en obtener estas ayudas podrán solicitarla a partir de mañana, 7 de junio, plazo que se cerrará el próximo 7 de julio. Como en las dos ediciones anteriores, esta ayuda se solicitará a través de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), con la que el ICAVI ha firmado un convenio de cooperación.
Con los 13.251.710 euros de esta nueva convocatoria, la Consejería busca subvencionar alguna de las cuatro líneas estipuladas en este programa de ayudas: la adquisición, construcción o rehabilitación de inmuebles con el objetivo de aumentar el parque público para el alquiler en los municipios canarios de menos de 20.000 habitantes. Con la renovación de este programa de ayudas por tercer año, la Consejería habrá invertido al finalizar la Legislatura más de 42 millones de euros en subvencionar a los ayuntamientos menos poblados del Archipiélago a fijar a su población y evitar las fugas de habitantes a las grandes ciudades.
Esta ayuda está enfocada a los 58 ayuntamientos canarios de menos de 20.000 habitantes que se encuentran recogidos en el Convenio de cooperación suscrito entre el Instituto Canario de la Vivienda y la FECAM, asociación encargada de gestionar este programa, enmarcado dentro del Plan de Vivienda 2020-25 y que se desarrolló por primera vez en el año 2021. Este presupuesto se ha distribuido entre todos los municipios atendiendo a criterios de población, así como en función del número de demandantes inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y un criterio fijo basado en la solidaridad intermunicipal, garantizando así un reparto equilibrado del fondo presupuestario.
Los ayuntamientos que cumplan con las condiciones del programa podrán solicitar las ayudas para subvencionar alguna de las cuatro líneas previstas: para la adquisición o bien para la construcción de viviendas en régimen de alquiler por los ayuntamientos o empresas públicas de titularidad municipal para destinarlas a alquiler social; a la rehabilitación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal de cara a incrementar el parque público de alquiler social, así como a la rehabilitación o adecuación de viviendas de titularidad privada del entorno rural a las condiciones mínimas de habitabilidad, ahorro de consumo energético, elementos estructurales y, en definitiva, aquellas obras necesarias para el adecuado mantenimiento de estas.
Se busca con este programa impulsar la rehabilitación de viviendas antiguas ya que el envejecimiento progresivo de la población, sobre todo en el entorno rural, requiere también de medidas concretas para acceder a la vivienda y fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas. Este programa del Gobierno canario está encaminado a que se consiga el objetivo marcado en el propio Plan de Vivienda 2020-2025 que es fijar la población en el entorno rural y evitar la fuga de habitantes hacia las grandes urbes del Archipiélago. Toda política rural debe buscar el logro de una mayor integración territorial de las zonas rurales, facilitando una relación de complementariedad entre el medio rural y el urbano, y fomentando en el medio rural un desarrollo sostenible.
