El propósito principal de este documento es garantizar el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista
La Comisión Técnica de Memoria Histórica, órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor del Gobierno de Canarias, presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha aprobado esta semana, de forma unánime, el informe sobre la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, documento que tiene como objetivo principal garantizar el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.
La Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias es fruto de un trabajo altamente participativo, en el que se ha procurado recabar la posición y opiniones de expertos, asociaciones memorialistas, instituciones públicas y la sociedad en general. Con este fin, antes de su elaboración se planteó un cuestionario que se publicó en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias y que fue respondido por más de 400 personas, siendo uno de los procesos participativos más numerosos de estos últimos años.
Igualmente, se han llevado a cabo talleres con expertos a nivel autonómico y nacional sobre la materia e incluso miembros de la Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia, así como entrevistas individuales con los miembros de la propia Comisión Técnica. Se ha analizado, también, la respuesta que otros territorios han dado a esta cuestión y, en función de todo ello, se han establecido tres grandes objetivos estratégicos que constituyen los fines a perseguir en este documento.
En primer lugar, promover la investigación, la construcción de un relato común y la difusión de los hechos en materia de Memoria Histórica. En segundo, garantizar el reconocimiento y la dignificación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y, en tercer lugar, asegurar el apoyo institucional a la defensa de la memoria histórico-democrática. De estos tres grandes objetivos penden siete líneas estratégicas, dieciséis líneas de actuación y hasta un total de 35 proyectos, todos ellos descritos con identificación de sus indicadores de cumplimiento, previsión de financiación, resultados esperados y planificación o cronograma de su desarrollo. Con ellos, lo que se pretende es dar cumplimiento a las obligaciones legales y a la realización de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Según la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, “no es una estrategia para la confrontación, sino para el reconocimiento y la reparación, que ofrece respuestas a reclamaciones largamente demandadas por la ciudadanía y que resultan ser de pura justicia material”. Muchas de estas acciones ya se encuentran en marcha y algunas en un grado avanzado de desarrollo.
Con esta estrategia lo que se pretende es coordinar y garantizar el buen fin de todos los proyectos, constituyéndose en la hoja de ruta de la Memoria Democrática en Canarias. Su elaboración parte de la obligación contenida en el artículo 9 de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.
En dicho artículo se establece, en primer lugar, que el Gobierno de Canarias “a propuesta de las consejerías competentes en materia de memoria histórica, educación y patrimonio cultural aprobará la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con carácter bienal, en la que se recogerán los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones relativas a la memoria histórica a realizar por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”.
Además, indica que, elaborada la propuesta de estrategia, y antes de su aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias, “se someterá a informe de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica prevista en el artículo 11 de la presente ley, que podrá proponer la incorporación de los objetivos y prioridades que estime necesarios para una mejor coordinación de las actuaciones a realizar por la administración pública de la comunidad autónoma y por las demás entidades públicas y privadas”.
Por lo tanto, nace de un diagnóstico de necesidades y grado de cumplimiento de los fines recogidos en la ley autonómica, que son, a la vez, plenamente compatibles con los que se contienen en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Junto al consejero Julio Pérez y la viceconsejera Carla Vallejo, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, también han asistido a la Comisión Técnica la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, y la jefa de la Sección de Mediación de esta Dirección General, Elisa Santiago, que ha actuado como secretaria del citado órgano.
Además, han participado el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, vía online; la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez; su homólogo de La Palma, Félix González; el presidente de la Asociación Canaria de Menores Sustraídos, Jorge Rodríguez; la vicepresidenta segunda y consejera insular de Presidencia, Hacienda y Modernización del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, en representación de la Federación Canaria de Islas (Fecai); la profesora adscrita al Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPG) Candelaria González, vía online; la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna (ULL), María Isabel Navarro, vía online; el director del Laboratorio de Genética del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas (IMLCF), José Juan Pestano; y el secretario de la Asociación Memoria Histórica de Arucas, Manuel Ortego, vía online
