Recuperar Riquel, una zona de enorme potencial del litoral costero de Icod de los Vinos, ha sido un objetivo para los últimos gobiernos municipales de la ciudad, pero ninguno, por diferentes motivos, ha podido alcanzarlo. Según información recabada por la periodista Gabriela Gulesserian en Diario de Avisos este jueves, la estrategia pasa, y así lo confirma el consejero insular de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez, por un plan de restauración que permita cambiar el uso del suelo para que éste deje de ser un ámbito de extracción de áridos.
Este plan es una exigencia de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias al ser la administración competente en materia de instalaciones y establecimientos industriales y mineros, y deberán presentarlo y costearlo los propietarios al tratarse de terrenos de titularidad privada. Asimismo, tiene que estar reconocido en el Plan General de Ordenación (PGO), en cuya redacción trabaja el equipo de gobierno, asegura el alcalde icodense José Ramón León.
Descontaminar el suelo es fundamental ya que se encuentra muy deteriorado desde el punto de vista medioambiental y paisajístico al tratarse de ruinas de una cantera. Una vez dado este paso, el Ayuntamiento podrá cambiar el uso del suelo y ponerle el que quiera, pactado con los dueños de los terrenos al objeto de poder desarrollar allí la propuesta que combina la actividad urbanística, residencial y turística, con espacios libres y zonas de equipamiento, tal y como lo decidieron en su momento los vecinos de la Ciudad del Drago.
El ámbito extractivo de Riquel es el único de competencia municipal dentro del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT). Lo es desde el año 2011 y por lo tanto, la ordenación le corresponde al Consistorio a través de un plan especial, explica el consejero.
En los ámbitos extractivos están implicadas tres administraciones: el Gobierno de Canarias, que otorga la licencia de actividad minera; el Cabildo de Tenerife, que exige un plan territorial del ámbito extractivo; y el Ayuntamiento, responsable de autorizar la actividad clasificada.
En lo que respecta al Cabildo, para facilitar la recuperación del entorno, el consejero se ha comprometido a “quitar la obligación de desarrollar en el lugar un plan especial”, asegura Pérez.
La administración insular ha actuado como intermediaria entre los titulares de los terrenos y el Consistorio para destrabar este asunto. “Llevamos un año y medio negociando para que se comprometan a su restauración y hemos avanzado bastante en los últimos tres meses, desde que Moncho León es alcalde porque con Francis González se había paralizado”, declara el consejero.
En este sentido, el regidor municipal desmiente que su antecesor haya dejado firmado un convenio urbanístico para acabar con la extracción de áridos, tal y como afirmó este último hace unos días al hacer balance de los cien días del nuevo gobierno. “Francisco González pretendió hacerlo para que el Cabildo cambiara la naturaleza urbanística o la calificación del terreno”, aclara el alcalde.
Tras una reunión con los propietarios, en la que también participaron el redactor del PGO, Argeo Semán, y los técnicos insulares, “recién ahora se puede ver una vía de solución para Riquel”, subraya León, aunque matiza que todavía queda mucho trabajo por delante.
