La Auditoría Social muestra el compromiso de entidades y empresas canarias con los principios de la Economía Solidaria

2 minutos de lectura

Las entidades que conforman la Red Anagos y el Mercado Social de Canarias han presentado los resultados de la Auditoría Social 2023, una evaluación de su actividad conforme a los principios que rigen la Economía Social y Solidaria: equidad; reparto justo de la riqueza; trabajo digno; sostenibilidad ambiental; cooperación y compromiso con el entorno. Así se puso de manifiesto en las jornadas celebradas en Tenerife y Gran Canaria, en las que las 45 entidades que han hecho la Auditoría Social han podido compartir experiencias y buenas prácticas para seguir mejorando sus indicadores.

Entre los resultados de este año destaca que en estas 45 entidades están implicadas más de 50.600 personas, entre trabajadoras (4.191), voluntarias (12.946) y asociadas (33.680). De ellas, casi 31.000 son mujeres, un 67% del total. El volumen de ingresos que movilizan se eleva a 113,1 millones de euros, cifra que representa aproximadamente el 0,27% del PIB de Canarias y que se aspira a incrementar de manera sostenida por la cada vez mayor participación de empresas y entidades. Cabe destacar que tanto el volumen de ingresos como el número de entidades que han realizado la Auditoría Social este año se ha incrementado con respecto a 2022.

La Auditoría indica que siete de cada diez empresas o entidades tienen a mujeres ocupando puestos de responsabilidad. Además, la misma cifra asegura haber implementado medidas que mejoran la Ley de conciliación. Otro de los aspectos destacados es que la proporción entre la mayor y la menor retribución que se percibe en la entidad es, de media, de 2,26, una cifra que está muy por debajo del promedio de brecha salarial en España. 

En cuanto a sostenibilidad medioambiental, la totalidad de las entidades aplica criterios de consumo responsable en la adquisición de bienes y servicios, mientras que casi ocho de cada diez reducen o compensan la huella ecológica que deja su actividad. El porcentaje de entidades que se surte de energías renovables es del 26 por ciento.

La mitad de las entidades que han realizado esta auditoría opera con finanzas éticas pero solo un 2,1% de ellas realiza compras dentro de la Economía Social y Solidaria. Precisamente este indicador es uno de los aspectos que se han abordado en las jornadas, con el objetivo de darle un impulso, detectando las necesidades que se pueden cubrir desde el Mercado Social e identificando nuevas oportunidades de negocio para las empresas y entidades.

Estas y otras cuestiones se han debatido durante dos sesiones de trabajo con las que se pretende compartir entre las propias entidades el resultado y las ventajas de utilizar una herramienta para avanzar en transparencia, rendición de cuentas y medida de impacto social, ambiental y de buen gobierno.

Eduardo Calderón, vicepresidente de Red Anagos y presidente de la Fundación Canaria Isonorte, señala que la Economía Social y Solidaria da respuesta a quienes entienden que existen modelos económicos alternativos y responsables, que persiguen la transformación y mejora de la sociedad, priorizando a las personas frente al lucro, y que, además, se componen de empresas y entidades rentables y sostenibles económicamente. Las cifras de pobreza y personas que se encuentran en situación de exclusión social en Canarias hacen necesario el desarrollo de nuevos modelos en los que cumplir con los principios de reparto justo de la riqueza, trabajo digno, equidad, cooperación y compromiso con el entorno y sostenibilidad ambiental sea lo prioritario.

La Auditoría Social se realiza en Canarias desde hace más de 15 años, de la mano de la Red Anagos y REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria), a las que se suman las entidades de la Red EAPN Canarias (Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social) y ADEICAN (Asociación de Empresas de Inserción).

NOTICIA ANTERIOR

El ICI destinará 32,8 millones de euros a la red canaria de atención y prevención de la violencia machista hasta 2026

SIGUIENTE NOTICIA

El Gobierno de Canarias diseña un plan pionero para dar continuidad a la formación de personas con discapacidad intelectual mayores de 21 años