La Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife (APT) considera necesario buscar alternativas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleos (ERTE) y despidos en las redacciones y servicios informativos de las empresas del sector de la comunicación, ya que tanto la reducción de jornadas como un menor número de profesionales en el desarrollo de las tareas informativas supone una merma sustancial en el libre acceso de los ciudadanos a una información veraz y contrastada, así como en la pluralidad informativa y en la calidad de la información que se facilita a la opinión pública.
Salvador García, presidente de la APT
La APT es consciente de la situación de crisis por la que atraviesa el sector debido a la pandemia del COVID-19 que asola a las islas, al país y al conjunto del planeta y que ha obligado a adoptar una serie de medidas drásticas imprescindibles por parte de los poderes públicos, que conllevan la parálisis de la actividad productiva para muchos profesionales y empresas.
Dentro del sector de la comunicación se produce la paradoja de que, al tratarse de un sector esencial y estratégico como establece el Decreto de Estado de Alarma, no se detiene su actividad, pero aquellos medios de titularidad privada y profesionales autónomos sí han dejado de acceder a sus fuentes de ingresos habituales.
Medios impresos, prensa digital, emisoras de radio, canales de televisión y agencias de comunicación y prensa se enfrentan a un panorama económico catastrófico para este sector, por lo que se están viendo abocados al cierre, al despido de buena parte de sus trabajadores o a la presentación de los ERTE por el desplome de las ventas y suscripciones en papel, la falta de anunciantes o la cancelación de servicios solicitados por empresas de otros sectores e instituciones, debido a la situación de crisis y al parón de la actividad productiva como consecuencia de la pandemia.
Por ese motivo, la APT considera imprescindible que las empresas de la comunicación y los representantes de los profesionales busquen soluciones alternativas a las que se están aplicando actualmente y que incluyan la mediación, asesoramiento o apoyo por parte de expertos independientes, de agentes sociales y de las administraciones públicas, por tratarse del acceso público a uno de los derechos fundamentales que establece la Constitución. Se trata también de evitar el que se tomen medidas drásticas contra los profesionales, a la espera de que se sustancien y se materialicen las ayudas específicas para un sector estratégico que se ha visto muy afectado por esta crisis.
La APT pide que en este proceso se tenga en consideración experiencias que se están desarrollando en otros países de la Unión Europea, como Alemania, Francia, Italia y Dinamarca, y reitera la solicitud realizada al Gobierno de Canarias para que active un plan de ayudas específicas para los profesionales y medios de comunicación del archipiélago.
