La alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez (PSOE), anunció este jueves en rueda de prensa que no dimitirá aunque se abra juicio oral en su contra. Pese a las exigencias del código ético de su partido, Velázquez subrayó que en su escrito de defensa tratará de demostrar que la causa judicial abierta en 2013 contra ella y el edil socialista Cayetano Silva no debería continuar en el ámbito penal, sino que debería limitarse “en todo caso al ámbito administrativo”.
Publica el periódico El Día que la mandataria explicó que la causa se inició con una denuncia que incluía 12 expedientes administrativos, “de los que finalmente solo se abrió diligencias de cuatro; dos han sido archivados –la cesión de la imagen corporativa por parte de uno de sus hijos y el proyecto de rehabilitación de la costa de Las Aguas–, y en la actualidad solo continúa el proceso por el pago de una indemnización de 4.200 euros al medianero de una finca que compró el ayuntamiento y por un decreto que proponía el pago de gratificaciones a personal municipal por servicios extraordinarios, que nunca se llegó a aplicar”.
En el escrito de acusación de la Fiscalía desaparece el posible delito de malversación de caudales públicos, por lo que Silva, Velázquez y el exedil Víctor Manuel García se enfrentan solo a una acusación por posible prevaricación. El fiscal solicita una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo y cargo público para Velázquez, y la rebaja a ocho años en los casos de Silva y García.
El artículo 5.2 del Código ético del PSOE señala que “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado”. Pese a esta exigencia, Velázquez opina que su partido “entenderá que ninguna de las dos cuestiones de la causa son delictivas ni están relacionadas con la corrupción”.
La alcaldesa ramblera insistió en que el ayuntamiento hubiera cometido “enriquecimiento ilícito” si no hubiera pagado la indemnización acordada con el medianero, “que fue descontada del precio de compra de la finca”. Además, aseguró que “al no pagarse las gratificaciones al personal por los servicios extraordinarios, no puede hablarse de ninguna irregularidad, puesto que no existe el delito de intento de prevaricación. O se prevarica o no se prevarica”, sentenció.
Para Velázquez, esta denuncia forma parte de “una trama” para apartarla de la política que se inició con denuncias previas de 2007 y 2011, ya archivadas, cuyo denominador común es que el abogado de las partes denunciantes “siempre ha sido el edil del PP portuense Pedro González”.
