El exconsejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera, remitió en julio de 2016 un informe a Presidencia del Gobierno en el que bajo el título «Medidas para reducir el desajuste presupuestario (julio-diciembre 2016)» desglosaba un total de 42 medidas de «ajuste» presupuestario de enorme calado en la ciudadanía.
Desde la paralización de la apertura de la planta 1 o el cierre de la planta 0 de hospitalización del Hospital del Sur de Tenerife al cierre de quirófanos o de áreas de urgencias. En resumen, una batería de medidas que, de aplicarse tal y como se proponía desde la Consejería, hubiera afectado de forma directa a miles de ciudadanos.
Este documento, al que ha tenido acceso el periódico El Día, se enmarca dentro de las tensiones que se estaban generando dentro del área de Sanidad y que habían comenzado varios meses antes. En concreto, en marzo de 2016, se detecta que el desvío presupuestario que había gestado Sanidad en 2015 -con especial relevancia el ocurrido durante los últimos seis meses del año y que ascendió a 120 millones de euros- corría el riesgo no solo de repetirse sino de agravarse. De hecho, al término de ese primer trimestre las simulaciones presupuestarias desvelaban que, de mantenerse el ritmo de gasto y descontrol, el desvío a 31 de diciembre podría alcanzar los 180 millones de euros.
Ante esta situación, se producen las primeras reuniones internas monográficas dentro del Gobierno entre CC y PSOE para analizar «lo de Sanidad».
«Lo de Sanidad» en realidad es un desajuste presupuestario para el que se piden, desde Presidencia, explicaciones que nunca llegan a concretarse y a justificar el alcance del desvío. Las conversaciones y cruces de correos y documentación y reuniones se mantienen sin que se produzca algún avance que permita atisbar una vuelta a la realidad presupuestaria, hasta que se produce un hecho que desencadena la salida a la luz pública de estas tensiones; la publicación de las listas de espera, que señalan, blanco sobre negro, que el mayor gasto no ha supuesto una mejora en la reducción de las listas de espera y, por lo tanto, del servicio que se presta a los ciudadanos.
Esa realidad provoca nuevas reuniones y dos peticiones concretas por parte de la Presidencia del Gobierno. La primera, que se explique dónde se ha realizado el desvío presupuestario y una segunda en forma de pregunta: ¿qué van a hacer para que no se siga desviando el gasto?
En ese contexto se enmarca este informe bajo el título «Medidas para reducir el desajuste presupuestario (julio-diciembre 2016)». Un documento de apenas tres folios que recoge 42 medidas de enorme impacto ciudadano.
Obviamente, las medidas no se toman pero sí fuerzan una primera reunión con los gerentes de los centros hospitalarios para que detallen el alcance de esta propuesta y respondan a la pregunta de en qué se fue el dinero. Esa primera reunión fue muy tensa y en la misma no se llegó a ninguna conclusión puesto que no se aportó la documentación que se requería.
Así las cosas, la misma terminó de nuevo con la petición de dos tareas: detallar la afección real para la ciudadanía de esas medidas drásticas propuestas por la Consejería, y la segunda, un informe detallado que explicara las causas de ese desvío presupuestario que empezaba ya a superar con creces el de 2015.
Pasa el verano y es en septiembre cuando se convoca una nueva reunión con los gerentes de los hospitales y el consejero de Sanidad. Es en esa reunión en la que se ponen sobre la mesa las consecuencias de reducir el desvío presupuestario en esos 13 millones de euros; 3.400 intervenciones quirúrgicas menos, 14.000 pacientes atendidos en consulta menos y 15.500 pruebas diagnósticas menos. Efectivamente, tal y como reconocía quien propuso las medidas, «un enorme retroceso».
En esa misma reunión, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, tal y como señaló a los medios de comunicación al término de la misma, y a tenor de esas cifras se dirigió a los gerentes para ordenarles que no ejecutaran ese ajuste y, además, les informó de que se dotaba a Sanidad de cinco millones de euros más. Eso sí, a cambio les exigió un compromiso: «que se ejecutaran esas intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y se atendiera a esos pacientes, y que dado que no se iba a aplicar ninguna medida para reducir el desvío presupuestario, que a 31 de diciembre tuviera una repercusión directa en la bajada de las listas de espera».
A 31 de diciembre de 2016, el desvío en Sanidad fue de 170 millones de euros y las listas de espera se han incrementado en unas 8.000 personas.
42 medidas para ahorrar 13 millones
El informe remitido por Jesús Morera incorpora 42 medidas para reducir el desajuste presupuestario en poco más de 13 millones de euros (el desvío final de la Consejería fue de 170 millones de euros) y afectan a todos los centros hospitalarios de las Islas. En el caso de Tenerife, y según ha podido tener acceso el periódico El Día, las medidas propuestas incluían la paralización de la apertura de la planta 1 y el cierre de la planta 0 de hospitalización del Hospital del Sur, el cierre de los quirófanos de tarde y el cierre del hospital de día Oncología en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria o el cierre de la unidad de Geriatría y la paralización del cribado de cáncer colorrectal, en el mismo centro.
Las medidas para el Hospital Universitario de Canarias no dejan de ser menos preocupantes; cierre de áreas de observación de urgencias, suspensión de radioterapia los fines de semana o la paralización total de actuaciones en el Hospital del Norte y el cierre de las nuevas especialidades del CAE Icod.
