El PP de Tenerife reconoce que para realizar una buena política social es necesaria una buena política económica. Por esta razón, la ponencia social para el 8º Congreso Insular de los populares -que ha coordinado la senadora Isabel García- ahonda en la necesidad de dotar adecuadamente aquellas partidas que afecten a la calidad de los servicios públicos sociales porque “creemos que es una autentica inversión en las personas”.
Por otro lado, la educación como eje vertebrador que innove, sea estable, moderno y luche contra el fracaso escolar, son objetivos irrenunciables, para conseguir un buen pacto por la educación que afiance en definitiva una buena política social.
La salud es otro de los ejes que el PP insular desarrolla en la ponencia social que entre otros aspectos, desarrolla políticas transversales entre la administración. Además, se ahonda en la búsqueda de acuerdos con las entidades del tercer sector y el servicio de ayuda a domicilio para la atención de las personas que necesitan cuidados básicos.
El documento desarrolla la implantación de la pediatría de urgencias en los centros de salud así como la puesta en marcha de los hospitales de segundo nivel en el norte y sur de la isla.
Para los populares, la familia es el eje de convivencia y traslado de valores en la sociedad. Por ello, señalan que “creemos seguir avanzando en la protección social, jurídica y económica de las familias para devolver el dinamismo a la sociedad”.
Así, el Gobierno del PP en la reforma fiscal incorpora deducciones para familias al cargo de personas dependientes, con discapacidad, familias numerosas o mono parentales con 2 hijos.
Isabel García subraya que “nuestro objetivo es llevar a cabo políticas sociales desde los ayuntamientos con bonificaciones al IBI para familias numerosas, pago de tasas de agua así como el acceso a guarderías y escuelas infantiles para las familias más necesitadas”.
Entre la batería de propuestas, la senadora tinerfeña pretende impulsar el conocimiento de la infancia y la familia. Profesionalizar más si cabe, los servicios sociales fomentando la participación de los profesionales así como el intercambio de experiencias para la mejora y el conocimiento de habilidades en materia de intervención social.
Otro de los objetivos es el desarrollo de protocolos para la detección y abordaje de situaciones de riesgo y desprotección infantil en los centros tutelados por la administración.
En cuanto a los jóvenes, la ponencia entre otros aspectos hace hincapié en el desarrollo vital de los jóvenes con menos oportunidades promoviendo su participación en la vida educativa, deportiva y económica de la isla.
Para la senadora natural de Icod de los Vinos los mayores tienen su protagonismo en la ponencia social, favoreciendo acciones de envejecimiento activo en colaboración con el tercer sector y el mundo asociativo.
Por otro lado, el derecho a la igualdad es un objetivo irrenunciable del PP entre hombres y mujeres, algo consagrado en la Constitución. Por ello se favorecerán políticas transversales de igualdad entre todas las personas.
Entre esas políticas, destaca García, “priorizaremos cualquier tipo de violencia en el seno de la familia o entre ex miembros de una pareja garantizando respuesta inmediata que garantice una intervención personalizada. Reforzaremos asimismo, la especialización en la intervención, en la prevención y en el apoyo psicológico y jurídico, sin olvidar la atención a las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, a los que hay que sacar de inmediato del círculo de la violencia, primando siempre la perspectiva de género en los servicios prestados”.
En cuanto a la discapacidad, Canarias es una de las regiones con menor tasa de contratación de discapacitados. El 81 por ciento de las empresas españolas no cumplen aún con la ley de inserción laboral de personas con discapacidad que establece una cuota mínima del dos por ciento de empleados con discapacidad para empresas de 50 o más contratados.
La dependencia es otro de los aspectos tratados en el documento que exige el cumplimiento de 6 meses, para el reconocimiento del derecho a recibir una prestación. Así, los populares subrayan que “trabajaremos para que Canarias no siga a la cola en el reconocimiento de este derecho. El archipiélago atiende a 17.000 dependientes y realiza una inversión por habitante de 48 euros. Con estos datos representamos la tasa más baja de beneficiarios atendidos, solo el 4,37 por ciento”.
Por último, la atención a las personas en situación de riesgo o exclusión deben ser idénticas en los municipios de la isla equiparando los limites económicos de ayudas que permiten estas prestaciones así como la exigencia del periodo de empadronamiento.
Creemos desde el PP, concluye la senadora, “la necesidad de reformas en la PCI ya que no responden a la demanda ni a las necesidades actuales de la sociedad tinerfeña ni tampoco del resto de las islas. Además, somos partidarios de que el Cabildo asuma la coordinación, planificación y distribución de los nuevos centros de acogida para las personas en grave exclusión social”.
