El mandatario socialista, con mayoría absoluta, responde que la sentencia “aún no es firme”
El alcalde de El Tanque, Román Martín, ha sido condenado en primera instancia a 12 años de inhabilitación por cometer un delito de prevaricación administrativa al abrir la mini residencia geriátrica y el centro de día de mayores del municipio en agosto de 2014 a sabiendas de que la edificación carecía de certificación final de obras, por no haberse ejecutado las obras de refuerzo estructural previstas por el arquitecto, y sin que se hubiera incoado el necesario expediente administrativo para su apertura legal.
Este procedimiento tiene su origen en una comparecencia ante la Fiscalía del arquitecto técnico municipal, en junio de 2016, que derivó en una denuncia del Ministerio Público en abril de 2017.
Casi dos años antes, el 27 de julio de 2015, el concejal de la oposición Pablo Estévez (NC) ya había presentado un escrito para acceder y consultar el expediente sobre la apertura del centro de día y la residencia de mayores de El Tanque “ante la sospecha fundada de que la apertura de ambos centros se ha realizado sin los mínimos trámites legales”.
La secretaria municipal reconoció entonces en un informe que no existía ningún expediente administrativo sobre la apertura de ambos centros y pidió a la Policía Local y al arquitecto técnico que averiguaran cuál era la situación de este centro de día y de la residencia municipal. El 6 de agosto de 2015, el arquitecto técnico emitió informe en el que señaló que las instalaciones estaban siendo ocupadas y utilizadas “sin contar con la Certificación de Final de Obras y sin haberse ejecutado las obras de refuerzo estructural previstas por el arquitecto y director de la obra”. Además, señalaba que no constaba el levantamiento del embargo de la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que la propiedad del edificio estaba en duda. Por todo ello propuso el precinto de las instalaciones.
El 1 de septiembre de 2015, la Policía Local emitió otro informe en el que indicaba que en la puerta de entrada del edificio había una placa donde podía leerse: “Este Centro de Mayores fue inaugurado siendo alcalde de El Tanque Román Martín Canavés, el 12 de agosto de 2014”. En diciembre de 2015, la secretaria-interventora también emitió nota de reparo por los ingresos del centro geriátrico.
Román Martín se limitó este lunes a responder que la sentencia “aún no es firme” y que emitirá en breve un comunicado oficial. En Facebook realizó, pocos minutos antes de la medianoche, una publicación en la que defendió su actuación: «Varios medios de comunicación han publicado la reciente sentencia acerca del procedimiento administrativo por la apertura de la Residencia Geriátrica de El Tanque. La presentación de las denuncias no han sido casuales, coincide con la convocatoria de la plaza del arquitecto técnico con carácter funcionarial, tal como advertía los servicios jurídicos del ayuntamiento. En total han sido 41 las denuncias interpuestas por el arquitecto técnico municipal que se han archivado, salvo un procedimiento administrativo que ha sido aceptado a trámite a raíz de la apertura de la Residencia Geriátrica y que se ha saldado con una sentencia de 12 años de inhabilitación para cargo público. La sentencia expone que el edificio carecía del correspondiente certificado final de obras y además que el inmueble estaba embargado por la Tesorería General de la Seguridad Social, en nuestra defensa defendimos las recepciones tácitas, puesto que el edificio ya venía prestando servicio como la Ludoteca o la Asociación de la Tercera Edad y respecto a los embargos que se le practicaron a los gobiernos que me precedieron, denunciamos el convenio con la FEMAC, nos acogimos al derecho de reversión y recuperamos oficialmente la propiedad tras décadas de litigios improductivos. Los abogados ya están preparando el recurso de apelación para elevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y para defender un servicio esencial en nuestro municipio que está permitiendo atender a decenas de personas dependientes de nuestra localidad y del resto de la comarca. Respetamos los veredictos judiciales y acataremos rigurosamente la decisión de los tribunales y si llegado el momento, la apertura de la residencia de mayores ha supuesto mi dimisión, me iré con la conciencia tranquila sabiendo que ha valido la pena.»
Fuente: El Día
