La Dirección General del Catastro ha sacado a la luz más de 29.000 construcciones irregulares en la Isla. Gracias al plan de regularización de bienes inmuebles que está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda para hacer aflorar propiedades ocultas al fisco, el Catastro ha podido localizar un total de 29.409 construcciones ilegales o que están sido declaradas irregularmente.
Aunque este organismo todavía no ha terminado de fiscalizar a todos los municipios tinerfeños, sí tiene cerrados los datos de 25 de ellos. A falta de los datos de las seis localidades en los que todavía no ha finalizado el proceso, Icod de los Vinos se alza como el municipio en el que el Catastro ha detectado un mayor número de construcciones irregulares. En total en la Ciudad del Drago se han regularizado 3.374 inmuebles, siendo la mayor parte de ellas nuevas construcciones, como por ejemplo, la ampliación de una vivienda sin haber informado de ello a Hacienda para que se pueda actualizar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
En segundo y tercer lugar se encuentran los municipios de Güímar y La Orotava con 3.192 y 3.157 construcciones regularizadas, respectivamente. La mayor parte de ellas también se corresponde con nuevas construcciones.
Además de las nuevas edificaciones también se incluyen entre las propiedades irregulares las ampliaciones y rehabilitaciones, las reformas y cambios de uso y las piscinas. De estas últimas, el Catastro ha detectado al menos 888 sin regularizar, la mayoría de ellas en municipios turísticos como Arona o Puerto de la Cruz.
El Gobierno estatal está utilizando todos los medios a su alcance para cazar a los defraudadores. Entre ellos se encuentran las últimas tecnologías, ya que Hacienda ha recurrido a los drones, los satélites o a herramientas como Google Maps para detectar las construcciones irregulares de la Isla.
En total en Canarias, el plan llevado a cabo por el Ministerio de Hacienda ha logrado sacar a la luz 57.569 construcciones irregulares, según los últimos datos difundidos por la Dirección General del Catastro, que solo incluye a los municipios donde se ha concluido el procedimiento.
Incremento del IBI
El objetivo de este plan es intentar incrementar la cuenta del IBI, el principal impuesto que perciben los ayuntamientos. Solo en el Archipiélago el incremento total de la cuota íntegra de IBI ha sido de más de 89 millones de euros, una cifra que asciende a 1.206 millones en los ayuntamientos de toda España.
A través de fotografías aéreas o imágenes tomadas por satélites, el organismo dependiente de Hacienda comprueba las modificaciones que presentan los inmuebles rastreados. Después, traslada la información a los consistorios y se envía una notificación al propietario para que regularice la situación de su vivienda, pagando una tasa de 60 euros.
Las construcciones que se regularicen tienen que cumplir las normas urbanísticas de cada municipio, para evitar que se puedan legalizar viviendas que no cumplan con la normativa.
