El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Hernández, denuncia en la comisión parlamentaria de Presupuestos que el Gobierno canario solo hayan aceptado cinco enmiendas de las 338 presentadas por los socialistas a las cuentas autonómicas de 2024. “No han aceptado nada que pueda corregir las deficiencias de este Proyecto de Ley, ni aceptar mejoras en vivienda, renta de ciudadanía o infraestructuras sanitarias y educativas”
El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Hernández, ha acusado este jueves al Gobierno de Canarias en la comisión parlamentaria de Presupuestos de “pasar el rodillo” y rechazar las 338 enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, salvo la aprobación de cinco y enmendadas otras 19. “Ustedes han decidido pasar el rodillo una vez más sin permitir corregir las enormes deficiencias de este Presupuesto”.
Hernández intervino en la comisión de Hacienda y Presupuestos sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024, que se someterá a votación en el próximo Pleno de la Cámara regional. En este sentido, criticó la “falta de talante” de los grupos que forman parte del Gobierno canario, y que no se puedan corregir las deficiencias con las que cuenta este Proyecto de Ley de Presupuestos para que el Archipiélago pueda afrontar los grandes retos que tiene.
Para Hernández, esta decisión demuestra el “sesgo ideológico” de este Presupuesto, ya que han rechazado enmiendas que iban encaminadas a mejoras en vivienda, en la renta de ciudadanía o en infraestructuras sanitarias y educativas. “Se olvidan de la mayoría social de Canarias y no tienen en cuenta medidas que alivien, por ejemplo, las cuotas hipotecarias de las familias y alivien el encarecimiento de la cesta de la compra”.
Para el diputado socialista, el Gobierno canario no ha concebido este Presupuesto como un elemento de distribución de justicia social, ni de transferencia de renta directa e indirecta a los sectores más vulnerables. “En definitiva, son unos Presupuestos que, en lugar de aportar soluciones a la actual coyuntura social y económica de Canarias, se van a convertir en parte del problema, porque no se alinean con las necesidades de los canarios y canarias”.
“Por estas razones,el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda a la totalidad a través de la cual solicitaba la devolución del Proyecto de Ley y ponía de manifiesto una alternativa presupuestaria, y, por tanto, una alternativa política en Canarias, constituida por este Grupo, mayoritario, no solo de la oposición sino del conjunto de la Cámara regional”, añadió.
En esta línea, explicó que el Grupo Socialista propuso otra forma de hacer política, entre otras cosas, reducir drásticamente el gobierno “más numeroso y más caro de la historia de Canarias”; suprimir decenas de millones de euros en gastos superfluos; eliminar la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones o mejorar la eficiencia en el gasto farmacéutico para aumentar los fondos en educación; o en políticas sociales, bajar la lista de espera en dependencia, complementar la renta de ciudadanía, asegurar el plan de vivienda y evitar el retroceso en política cultural y deportiva.
En su opinión, “era difícil hacerlo” peor con 1.121 millones de euros más. “Y es difícil de explicar que haya retrocesos importantes en algunas consejerías con 1.121 millones de euros más. Este Proyecto de Ley de presupuesto es una clara marcha atrás en áreas estratégicas para el progreso social y económico de Canarias”.
Hernández recalcó que se trata de un Presupuesto “incumplidor” con Canarias y su ciudadanía, porque incumple con la Ley de Educación, la Ley de Cultura, la Ley de Servicios Sociaesl, el Pacto por la Ciencia y la Innovación y con el compromiso plurianual de financiación de las universidades.
Además, apuntó que renuncia a fomentar el empleo entre los colectivos con mayor dificultad de inserción en el mercado laboral; maltrata al sector primario, que, a pesar de atravesar un momento delicado, sus recursos se reducen; no da respuesta a las declaraciones de emergencia hídrica de Fuerteventura y Lanzarote, y deja a las universidades públicas canarias a los pies de los caballos.
