Ejecutivo y organizaciones reclaman al Estado soluciones “urgentes” ante la saturación de los centros para atender a los más de 5.200 niños y niñas acogidos en la actualidad y a “los que van a llegar”. El presidente Fernando Clavijo abordará este problema “urgente” con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una reunión el próximo viernes en La Palma
Gobierno de Canarias y entidades encargadas de gestionar los centros de menores migrantes no acompañados constataron este martes la situación “límite” que sufre el sistema de atención a menores migrantes no acompañados debido a las dificultades para encontrar más inmuebles y personal. Ante esta “saturación”, tanto el presidente Fernando Clavijo como las organizaciones no gubernamentales han vuelto a reclamar al Estado una respuesta urgente que permita la distribución de estos niños y niñas en todo el territorio español.
En este sentido, Clavijo ha asegurado que seguirá trabajando para lograr la aprobación en Consejo de Ministros de un decreto ley que cuente con los apoyos parlamentarios necesarios y el respaldo de las comunidades autónomas. A su juicio, pese a la tensión política nacional, son muy pocas las diferencias que existen para superar esa negociación porque “todos estamos de acuerdo en que hay que garantizar la atención” de los menores migrantes.
También el representante de las entidades encargadas de gestionar los centros de menores, Miguel Ángel Díaz de la organización Nuevo Futuro, lanzó un “alto y fuerte basta ya de toda Canarias”, para solicitar a la Estado y a la UE que den una respuesta efectiva a “estos niños y niños a los que estamos obligados a garantizar sus derechos”.
Díaz explicó que debido a la saturación actual de un sistema de acogida, “que hace tiempo está al borde de lo imposible”, los menores no están recibiendo el cuidado que necesitan para tener “un proyecto de vida”, algo que será aún más difícil si cabe si en los próximos meses se incrementa la llegada de embarcaciones desde África como se espera.
Esta situación “límite” y la reclamación de respuesta urgente por parte del Estado será trasladada en primera persona por el presidente Fernando Clavijo al titular del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una reunión prevista para el próximo viernes en La Palma.
Protocolo de trabajo
Clavijo, acompañado por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, mantuvo este martes una reunión con representantes de diez de las entidades que gestionan centros de menores extranjeros no acompañados del archipiélago para analizar la situación y coordinar respuestas. El presidente agradeció a estas organizaciones el “enorme esfuerzo” que están realizando para atender a estos niños y niñas lo mejor posible.
El archipiélago cuenta, con la actualidad, con unos 5.200 menores migrantes no acompañados bajo tutela del Gobierno que están siendo acogidos en una red de 81 recursos. Para su primera atención, el Ejecutivo ha habilitado ya una carpa de primera acogida de estas chicas y chicos en el puerto de Lanzarote y ha solicitado a las autoridades competentes en puertos la instalación de otras dos carpas, una en Tenerife y otra en El Hierro.
A pesar de las dificultades a las que se enfrenta el Ejecutivo autonómico para atender a este volumen de menores, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias está ultimando un protocolo de trabajo con todas las entidades que gestionan este tipo de centros.
En este documento se unificarán todos los pasos que deben dar las entidades y se incluirán aspectos como la recepción de los menores, la comunicación con el Servicio Canario de la Salud o los traslados entre centros. “Buscamos garantizar una comunicación más ágil y eficiente con las entidades, velando siempre por los derechos de los menores”, resumió Delgado.
En la reunión celebrada este martes en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria han participado representantes de las entidades Cruz Blanca, Mundo Nuevo, Quorum, Coliseo, Asproinfa, Fepas, Cepsocial, Nuevo Futuro, Samu y Siglo XXI. También el viceconsejero de Asuntos Sociales, Francis Candil, y la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Juana de la Rosa González.
