Desde FEPECO señalan que «no se construyen las viviendas necesarias, porque no se diligencian las licencias de obras mayores en el tiempo establecido normativamente, incumpliendo los plazos, sin que nadie asuma responsabilidades políticas, profesionales o personales. El plazo para resolver y notificar la solicitud de licencias urbanísticas es de tres meses contados desde la presentación de la solicitud en cualquiera de los registros municipales y en la mayoría de los casos se están superando de manera escandalosa, estando actualmente en nuestra Comunidad Autónoma, en una media de más de un año de tardanza desesperante».
Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO, avisa ‘que la realidad es tozuda y que por mucha legislación buena y oportuna que se apruebe o ruedas de prensa anunciando planes ambiciosos para hacer frente a la falta de vivienda en Canarias, tanto privada, social, de protección oficial y sobre todo, en alquiler asequible, a día de hoy es imposible, porque se encuentra delante con un muro infranqueable, que es una Administración Pública incapaz, material y humanamente, de asumir el reto de acabar con la emergencia habitacional, lastrando la creación de empleo y una actividad económica normalizada. La falta de agilidad en los trámites de licencias está asfixiando a las empresas, llevándolas a un punto de no retorno, haciendo difícil una política social digna cómo es la creación de empleo y poniendo en peligro inversiones que crearían mucha riqueza social’.
‘Hay demoras y atascos en algunos ayuntamientos que superan los tres años de espera, lo que supone un incumplimiento flagrante y vergonzoso de la Ley, debido a problemas estructurales como el planeamiento vigente, que en la mayoría de los municipios no está actualizado o adaptado a la Ley del Suelo, la escasez o nula presencia de personal especializado en las oficinas técnicas municipales o gerencias de urbanismo, la tardanza de los informes sectoriales, que llegan a pasar de doce meses, además de una imprescindible simplificación de las sedes electrónicas, de manera que sean ayudadoras para el ciudadano y también para el tejido empresarial, dando así seguridad jurídica. Incluso, los ayuntamientos se están haciendo daño a sí mismos, porque sin licencias no se puede construir y si no se construye no se pagan los impuestos correspondientes, lo que perjudica gravemente a las arcas municipales’.
