El Diputado del Común, Rafael Yanes, y el adjunto primero de la Diputación del Común, Felipe Afonso, hicieron entrega del Informe Extraordinario sobre la Situación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en Canarias referido al año 2021 al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos.
El adjunto primero compareció ante los medios de comunicación para dar a conocer parte del contenido de este Informe, que refleja la realidad que existe detrás de los incumplimientos de los derechos reconocidos a las personas dependientes en el Archipiélago, y plantea 19 grupos de propuestas para mejorar la calidad de vida del colectivo.
Para su elaboración, la Diputación del Común contó con la colaboración de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, los Cabildos Insulares, las Defensorías autonómicas, los colegios profesionales, las entidades del tercer sector y las asociaciones de familiares.
En 2021, Canarias fue la Comunidad Autónoma que más tiempo tardó en tramitar los expedientes de reconocimiento de grado y de aprobación del Programa Individual de Atención (PIA), y la que tuvo una de las peores tasas de cobertura con respecto a su población en España. “Si Canarias alcanzara la media nacional, atendería a 30.000 personas dependientes más, lo que supone el doble de las que son atendidas hoy”, tal y como confirmó el adjunto.
Además, los presupuestos autonómicos en Dependencia por habitante son inferiores a la mitad de la media nacional, y las islas tienen el menor número de plazas residenciales de financiación pública de toda España. “Para estar en la media nacional, Canarias debería tener 5.700 plazas más financiadas con dinero público, y estamos muy lejos de eso”.
Más de 1 de cada 4 quejas presentadas en la Diputación del Común son sobre Dependencia y Discapacidad y, por ello, “estamos obligados a ser sensibles con esta realidad, y a presentar este Informe con el ánimo constructivo de cumplir con la función para la que fue creada esta Defensoría: defender los derechos fundamentales de la ciudadanía”.
