Artículo de opinión de Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO
En las últimas semanas, hemos tenido conocimiento de la verdadera dimensión del déficit energético en Canarias, terrible y peligroso, en un territorio fragmentado en islas, situado en el Atlántico medio, como es nuestro Archipiélago. La entrada de un nuevo consejero de Transición Ecológica y Energía en el Gobierno Canario, con otra visión, nada sectaria, abierta al diálogo y buscando el consenso, unido a la imposibilidad de seguir ocultando la realidad, ha llevado a que tanto el anterior consejero socialista, bastante intransigente en sus posturas ideológicas, como el Ministerio, estén haciendo declaraciones públicas, con una clara intención exculpatoria. Ahora nos enteramos de que el informe 2021 de Red Eléctrica de España, manifestaba la necesidad de 120Mw en Gran Canaria y 80Mw en Tenerife.
Es evidente que el origen de este problema está, en que el Ministerio no ha convocado desde hace 10 años, los concursos para dar las resoluciones de compatibilidad y en consecuencia, la retribución adicional. Al mismo tiempo, el exconsejero José Antonio Valbuena, no puede decir que se enteró por el informe de Red Eléctrica de España de 2021, ya que el R.D. 738/2015 de 31 de julio, establece, en su art.44 que, “en la primera quincena del mes de enero de cada año, el operador del sistema debe emitir un informe anual de la cobertura de la demanda “.
Por lo tanto, no es razonable que esta necesidad de 200 Mw, en Tenerife y Gran Canaria, se haya presentado de forma sorpresiva, sino que se fue incrementando a lo largo de los años, sin que los responsables le dieran solución. Por otro lado, este informe anual del Operador del Sistema debía ser puesto en conocimiento del Ministerio y de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el mencionado artículo anterior.
La situación actual es complicada, ya que las soluciones a medio o largo plazo tardarán cuatro o cinco años y las soluciones a corto plazo, están paralizadas, por falta de acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio, por motivos jurídicos. Como puede verse, un enredo político y judicial, de difícil solución, con el que se encuentra el nuevo equipo de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno Autonómico.
La peor de las situaciones es la inacción, que es la que nos ha llevado a esta situación. En este sentido, se hace necesario un acto formal que, desde el punto de vista administrativo, evidencie la inviabilidad o no de las condiciones que pone el Ministerio. En el peor de los casos, a saber, la inviabilidad de ejecución en determinadas condiciones se tendrá que recurrir a un amparo legal, que permitiera en términos asumibles, para la resolución del problema por parte del Ministerio (art.7 ley 24/2013 del sector eléctrico) al mismo tiempo, que apoyamos decididamente, por su valentía y oportunidad, la declaración de emergencia energética del Ejecutivo canario.
Es sorprendente o resulta cuanto menos curioso, que precisamente José Antonio Valbuena y Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria que, durante años, no han tenido el menor interés por la generación convencional y han abogado por el paso al 100% en renovables, sin periodo transitorio, ahora muestren tan aireada preocupación. El caso de Antonio Morales ya es para nota, un día critica al Ministerio y a los pocos días, informa negativamente la falta de instalación de grupos de la empresa Totisa Holding en el Puerto de la Luz. Está visto que el presidente del Cabildo Insular de la isla de enfrente, es capaz de soplar y aspirar al mismo tiempo, no cabe duda de que es un fenómeno, en el buen sentido de la palabra, destacando como un verdadero prestidigitador e ilusionista, que se ahoga en sus propias contradicciones.
