El sindicato CC.OO informa en un comunicado de prensa que el pasado 12 de febrero la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condenó al Ayuntamiento de Icod de los Vinos al pago de 230.000 euros en conceptos salariales correspondientes al año 2008, más los importes correspondientes a los intereses legales, que se aproximan a los 23.000 euros, y los importes de la Seguridad Social, que asciende aproximadamente a 100.000 euros. En total el consistorio deberá asumir una cantidad cercana a 353.000 euros.
Este sindicato, propulsor de la demanda contra el Ayuntamiento, muestra su satisfacción al conocer el fallo del TSJC porque “hace justicia a una situación histórica que ninguno de los dos últimos gobiernos locales quiso o supo solucionar. El resultado favorable de esta sentencia tiene su base en las negociaciones de CC.OO. en el año 2010, con la inclusión en el convenio colectivo del reconocimiento este derecho, así como posteriormente en el año 2014 con la firma de un acuerdo de conciliación entre CC.OO. y el Ayuntamiento icodense en la sede del Tribunal Laboral Canario”.
El delegado de la sección sindical de CC.OO. en el Ayuntamiento, y presidente del Comité de Empresa, Jesús Galindo, manifiesta que “ante la ausencia de negociación en materia de personal desde el año 2015 hasta la actualidad, el único camino disponible ha sido el acudir a los tribunales con lo que ello supone. En este caso, el Ayuntamiento se podría haber ahorrado los intereses legales, que una vez finalizado todo el pago referido a la homologación de 2008, 2009 y 2010, ascenderá a una cantidad aproximada de 60.000 euros”.
En este sentido, Galindo señala que “la negociación colectiva debe estar presente siempre en las políticas de personal, y solo cuando las posiciones son irreconciliables y/o se ven en peligro o se vulneran derechos laborales, es cuando debe acudirse a la vía judicial. Siempre hemos tendido la mano a todos los gobiernos del ayuntamiento porque nuestra voluntad es la apoyar para construir un ayuntamiento mejor. Lamentablemente, son muchos los casos que han acabado en vía judicial. Solo espero que esta situación se revierta y vuelva la negociación y el diálogo entre gobierno y sindicatos en el consistorio de Icod de los Vinos. Intentaremos poner todo lo que está en nuestra mano para que eso se produzca. Dicho esto, también debemos señalar, como no puede se de otra forma, que rechazamos, y haremos uso de la normativa que legalmente nos asista, cuando se produzcan situaciones, conductas, actitudes, etcétera, de ataque, menosprecio o vulneración de derechos a cualquier empleado público”.
Jesús Galindo asegura que “la totalidad de delegados de CC.OO. teníamos el firme convencimiento que, tras el varapalo de la sentencia de primera instancia, la cual no reconocía nuestros derechos ya que el Ayuntamiento alegaba sorprendentemente prescripción, llegaría esta sentencia dando la razón a nuestras pretensiones, precisamente porque es una cuestión de derechos no de privilegios”.
Ante el anuncio, en días pasados, del concejal de Personal, Samuel Álvarez, de que el Ayuntamiento destinará de forma inmediata 500.000 euros al abono de sentencias y derechos sociales recogidos en convenio colectivo y acuerdo de funcionarios, que desde CC.OO celebran, Galindo subraya que “esa cantidad deberá ser revisada debido a que esta sentencia incrementa considerablemente la deuda que obligatoriamente debe asumir el Consistorio con sus empleados públicos”.
Para finalizar, Jesús Galindo alude a que “los incrementos salariales de 2017, 2018 y 2019 reconocidos en la Ley General de Presupuestos del Estado y en Decretos, no se han aplicado a día de hoy a los empleados públicos del Ayuntamiento, incumpliendo con ello sus obligaciones”.