El Sindicato de los Trabajadores Canarios y sus Administraciones Públicas (STAP Canarias) comunica en una nota de prensa que “el alcalde de Icod de los Vinos, José Ramón León, denegó a un funcionario la información relativa al pago de abogados por parte del Ayuntamiento escudándose en que la interventora accidental consideraba que no era adecuado que esa información se hiciera pública”.
Señalan que “según los documentos que el comisionado de Transparencia de Canarias ha facilitado al funcionario reclamante, el alcalde denegó la información porque la interventora accidental del ayuntamiento icodense, Olga Beatriz García Fariña, propuesta a dedo para el cargo por Francisco González, anterior alcalde de la ciudad y hoy en día director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, emitió un informe al respecto en el que manifestaba que acorde con la Ley no considero adecuado dar traslado al interesado de otro tipo de documentación referida al tema. Sin aclarar nunca si era legal o no lo era, sino tan solo inadecuado, no aclarando para quien era inadecuado el facilitar una información que la Ley de Transparencia considera que se ajusta a lo legalmente establecido”.
Desde el STAP Canarias explican que “el tema al que se refería la interventora accidental era la solicitud para que el Ayuntamiento hiciese públicos los gastos efectuados en la contratación y pago de abogados en los últimos años. La solicitud está debida a que el STAP tiene constancia de que se están produciendo discriminaciones adversas a los afiliados a este sindicato en la contratación de la defensa jurídica de los empleados municipales. La interventora accidental no consideraba adecuado que la transparencia informativa fuera más allá de facilitar las cantidades globales gastadas cada año y propuso que se informara que se habían gastado 14.029 euros en 2011, etcétera, con un gasto medio de más de 27.000 euros en los últimos cuatro años. Y todo ello por unos servicios que el Cabildo presta a los Ayuntamientos de forma gratuita”.
Así, desde este sindicato se sorprenden por la interpretación que hace esta interventora municipal de la Ley de Transparencia al entender García Fariña que no la obliga a suministrar la información detallada que había pedido el solicitante por no considerarla conveniente facilitarla.
Pero para el STAP el alcalde José Ramón León “ha ido todavía más lejos en su política de falta de transparencia al decidir no facilitar ni siquiera la escueta información que la interventora había propuesto decidiendo aplicar una censura informativa total, no respondiendo la solicitud y acudiendo a la vieja práctica del silencio administrativo”.
Con todo, subrayan que sin embargo, el comisionado de Transparencia de Canarias desautorizó totalmente a la interventora Olga Beatriz García Fariña y al actual alcalde de Icod y afirma, en su resolución de 20 de marzo de 2018, que el solicitante tiene derecho a la información que ha pedido. El comisionado dice que la información debe suministrarse previa la ocultación de los datos personales que pudieran resultar afectados, tal como ya había pedido el solicitante. Además, el comisionado también recuerda al alcalde León su obligación de dictar resolución expresa, desautorizando la decisión del regidor icodense de no responder a la solicitud.
Denuncian desde este sindicato que “el alcalde de Icod no sólo ha venido ocultando la información desde hace meses, sino que además ahora se niega a cumplir la resolución del comisionado de Transparencia del pasado 20 de marzo, que le obliga a facilitar la información solicitada”.
Desde el STAP creen que “tanto el alcalde como la interventora accidental saben que la información solicitada es pública y que tras la negativa a facilitarla se encuentra la ocultación de irregularidades en los contratos de defensa legal de los empleados del Ayuntamiento”. Esto explica, según el STAP, que el alcalde también se niegue a cumplir la citada resolución del comisionado de Transparencia de Canarias, cuyo plazo de cumplimiento ha finalizado hace meses, ya que la información que se oculta puede probar que existen irregularidades que el Ayuntamiento ha venido cometiendo en el pago de abogados”.
Concluyen señalando que “mientras el ayuntamiento se niega a hacerse cargo de la defensa jurídica de un policía local lesionado en acto de servicio, en otros casos se prorrogan contratos menores durante más de seis años, o se paga la defensa legal a un empleado municipal acusado de una presunta agresión sexual. En este último caso señalado, los servicios jurídicos del Ayuntamiento habrían tenido que considerar que los hechos por los que esta persona está acusada forman parte de las funciones legítimas de los empleados, lo que es una absoluta barbaridad y un auténtico despropósito”.
