La alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez (PSOE), celebra que la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE haya considerado «improcedente» expulsarla del partido, junto al edil Cayetano Silva, por el auto de apertura de juicio oral por el pago de una indemnización de 4.200 euros al medianero de una finca que compró el ayuntamiento y por un decreto que proponía el abono de gratificaciones a personal municipal por servicios extraordinarios, «que nunca se aplicó».
La comisión del PSOE detalla en su resolución que analizó un informe jurídico y un texto de la Comisión Ejecutiva de Tenerife: «Dos documentos que solicitaban la no expulsión del partido, habida cuenta de que, en ningún caso, se les acusa de un delito relacionado con corrupción, pues no se le imputa enriquecimiento ilícito ni a la alcaldesa ni al teniente de alcalde».
«A la vista de la documentación aportada por los firmantes y que obra en poder de esta comisión, podemos afirmar que, en este momento procesal, no pesa ninguna acusación de enriquecimiento sobre los afectados, por lo que no estaríamos en presencia de un delito vinculado con la corrupción», detalla la resolución.
«Por tanto -concluye la Comisión de Ética y Garantías del PSOE- a instancias de la Comisión Ejecutiva Insular de Tenerife, esta comisión acusa recibo y declara que, con la documentación obrante en el expediente, no procede la expulsión de los comparecientes, sin perjuicio de solicitarles que mantengan informada a la comisión de las novedades procesales que se vayan produciendo por si, en algún momento, concurriera algún hecho nuevo que aconsejara retomar este asunto».
Velázquez valora la decisión de su partido porque, a su juicio, «se veía a las claras que el objetivo de algunos era apartarnos de la vida pública mediante una utilización espuria del código ético de nuestro partido».
La alcaldesa afirma que esperaba esta decisión de su partido «porque no se nos acusa de meter la mano en la lata del gofio». Ahora Velázquez no descarta repetir candidatura a la Alcaldía en 2019, si obtiene el apoyo de su partido: «El actual ha sido un mandato lleno de obstáculos, con unas cuentas prácticamente intervenidas, y nos gustaría afrontar otros cuatro años con un poco más de paz para poder hacer muchas más cosas».
«Una trama para apartarla de la política»
Fidela Velázquez (PSOE) considera que este proceso judicial forma parte de «una trama» para apartarla de la política que se inició con denuncias previas en 2007 y 2011, ya archivadas, y que continuó en 2013 con una denuncia que incluía 12 expedientes administrativos, «de los que finalmente solo se abrieron diligencias por cuatro. Dos han sido archivados definitivamente (la cesión de la imagen corporativa por parte de su hijo y el proyecto de rehabilitación de la costa de Las Aguas) y otros dos continúan en trámite judicial: el pago de la indemnización al medianero y el decreto no aplicado de pago de servicios extraordinarios a personal municipal». La alcaldesa ramblera ha insistido en que el ayuntamiento hubiera cometido «enriquecimiento ilícito» si no hubiera pagado la indemnización acordada con el medianero, «que fue descontada del precio de compra de la finca». Además, recalca que «al no pagarse las gratificaciones al personal por los servicios extraordinarios, no puede hablarse de ninguna irregularidad, puesto que no existe el delito de intento de prevaricación. O se prevarica o no se prevarica».
