El Grupo Parlamentario Socialista localiza gastos millonarios superfluos que propone derivar a áreas estratégicas para la sociedad como educación, vivienda, fomento del empleo, bienestar social, sector primario o i+d+i
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, y el portavoz de Hacienda, Manuel Hernández, han explicado ayer la enmienda a la totalidad al Proyecto de ley de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024 presentada por los socialistas, apostando por una Ley de Presupuestos “más equilibrada y social” frente a unas cuentas presentadas por el Gobierno canario “con muchas carencias y recortes” en áreas estratégicas para la sociedad, a pesar del aumento en más de 1.120 millones de euros. “Se trata de un Presupuesto socialmente injusto”.
Franquis justificó la enmienda a la totalidad de los socialistas por tratarse de unos presupuestos “fundamentalmente ideológicos”, ya que el primer Decreto aprobado por el Gobierno ha sido para eliminar los impuestos a los más ricos, que supone solo el 0,3% de la ciudadanía canaria, sin aprobar medidas para que las familias del Archipiélago afronten la subida de la cesta de la compra y de las hipotecas.
El portavoz socialista ha calificado estos Presupuestos como las cuentas del “engaño y la trampa”, sobre todo por parte del Partido Popular (PP), tras anunciar como medida estrella en su campaña electoral la bajada del IGIC del 7% al 5%. “Para ellos, era mejor tener el dinero en el bolsillo de los ciudadanos y no en las arcas públicas, pero es que ni siquiera han dado una explicación de por qué no van a hacerlo”.
Para Franquis, este Gobierno ha tenido ya margen para llevar a cabo esta propuesta electoral, porque además cuenta con 1.120 millones de euros más “para cumplir con lo que no han querido cumplir, como la bajada del IGIC o la reducción del Gobierno, que iba a ser austero y resulta que es el más caro de la historia. Han hecho lo contrario en el peor momento social y económico para Canarias”.
Franquis insistió en el “fraude electoral” del Gobierno por no cumplir su promesa electoral de bajar el IGIC del 7% al 5% contando con más de 1.120 millones de euros en el Presupuesto de 2024, “lo contrario” que se hizo en la legislatura pasada. “Ahora nos encontramos que, mientras hay ocho millones más de gasto más en dirección política y gobierno (sueldos, honorarios, dietas, gastos para estudios), bajan muchas partidas como el sector primario, empleo, universidades, cultura, lucha contra la violencia machista, vivienda o los convenios con clubes deportivos”.
Franquis y Hernández denunciaron las “múltiples carencias” de este Proyecto de Ley de Presupuestos, como el hecho de que conllevarían el incumplimiento de muchas leyes y pactos con colectivos económicos y sociales.
En este sentido, alertaron del “aumento insuficiente” en derechos sociales, donde faltarían 23 millones de euros para cumplir con lo previsto en la Ley de Servicios Sociales, y solo un aumento de siete millones de euros para la Renta de Ciudadanía, con los que no se cumplirán los objetivos marcados por ley. Además, indicaron que los 25 millones de euros de incremento que hay en dependencia, “son fruto del esfuerzo realizado en el anterior mandato”.
También rechazaron que haya nueve millones de euros menos para el programa de prevención e intervención en el Área del Menor y 1,6 millones de euros menos para la atención a personas con discapacidad, así como el descenso de 9,4 millones en atención a personas mayores, a pesar de haber creado un Dirección General específica para eso.
Los socialistas destacaron que, en un contexto de presión migratoria máxima, se contemplen 11,6 millones de euros menos para los gastos en menores extranjeros no acompañados, y que el Área de Educación se incremente menos que el PIB nominal, alejándose del objetivo del 5%, y no contemple aumentos en becas o líneas de apoyo a familias con estudiantes.
Las universidades, al pie de los caballos
Para los socialistas, el aumento en Universidades debería ser de 26 millones de euros, en lugar de siete, y además faltan 19 millones de euros. “Incumplen con el compromiso adquirido con los rectores y dejan a estas instituciones al pie de los caballos”.
Con respecto a Sanidad, se produce el mayor aumento (+576 millones), pero no para repercutir en una mejor gestión. “Dijeron que iban a ser más eficientes y que iban a hacer más con menos, pero la eficiencia no es aumentar, es gestionar mejor”.
En Transición Ecológica y Obras Públicas se produce un descenso real “aunque parezca que aumenten”, porque los aumentos son producto de la financiación externa o el incremento de la anualidad del convenio de Carreteras, y además descienden los recursos para políticas hídricas en un 26,5%.
Franquis y Hernández calificaron de “inexplicable” que, con 1.120 millones de euros más, haya menos presupuesto en Agricultura, Ganadería y Pesca (-24,5); Políticas Territorial (-7,5) o Turismo (-5,7). Además, se producen descensos en programas de Fomento del Empleo (-23), Vivienda (-17), Innovación Empresarial (-9), Investigación Básica y Aplicada (-6.5) y Cooperación Económica y al Desarrollo (-3).
Por su parte, la cultura ha retrocedido en términos de financiación una legislatura, ya que se produce un recorte de 10,4 millones, un 15% menos.
Las propuestas socialistas: Redistribución más justa
Los portavoces socialistas hicieron hincapié en las partidas importantes que se perderán con la bonificación del impuesto de sucesiones (10,6 M), así como los gastos que se pueden evitar como el incremento de los sueldos y de los altos cargos (+3,3M); dietas (+2,4M); cuotas Seguridad Social (0,7M); aumento en reuniones, cursos y conferencia (+1M); en honorarios para trabajos y estudios técnicos (+16,24); o en trabajos realizados por empresas (+4,1); en el concierto de la sanidad pública (11,95 M) y en la racionalización del gasto farmacéutico.
En este sentido, el Grupo Socialista propone repartir en áreas prioritarias esos recursos que se perderían en gastos no esenciales y en la merma de ingresos provocada por una política fiscal desequilibrada, con cantidades a redistribuir de una forma más justa, como 26 millones para financiación universitaria; dos millones para becas universitarias; 47,3 millones para continuar con la implantación de la Educación de 0 a 3 años y la mejora de infraestructura educativa; 45 millones para I+D+i; 23 millones para fomento del empleo y 15 millones de euros para Cultura.
En esta redistribución, también proponen destinar 23 millones de euros para Bienestar Social; 17 millones para construcción de vivienda; 15 millones para políticas apoyo al sector primario; cuatro millones para inversiones en materia de emergencia hídrica en Fuerteventura y Lanzarote; dos millones de apoyo a ayuntamientos para la mejora de red de saneamiento y un millón para Instituto Canario de Igualdad.
