El Pleno de la Cámara regional aprueba una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para facilitar la incorporación de profesorado ayudante doctor en las dos universidades públicas canarias a partir del curso 2024/2025
El Pleno de la Cámara regional ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para que el Gobierno de Canarias se comprometa a su inclusión en el Programa de incorporación de talento docente e investigador a las universidades públicas españolas impulsado por el Gobierno de España, y que se facilite con ello la inclusión de profesorado ayudante doctor en la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para el curso 2024/2025.
En la iniciativa, defendida por la diputada socialista Alicia Pérez, se pide también que se cumpla con las competencias autonómicas en materia de profesorado universitario, sufragando la parte correspondiente de las plazas de profesor o profesora ayudante doctor que sean necesarias para que la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria puedan adaptar la dedicación docente de su profesorado a lo establecido por la LOSU, en el marco del Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Pérez recordó que el pasado 15 de marzo el Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), anunció el compromiso de contribuir a que las universidades públicas puedan desarrollar con garantías un modelo de profesorado estable y de calidad, proponiendo para ello el Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador, que aporta un total de 3.400 plazas de profesor ayudante doctor desde el próximo curso 2024-2025, y que supone un coste de 150 millones de euros anuales.
Este Programa sufragará los seis años de duración del contrato en esta tipología de profesorado, duplicando ampliamente una convocatoria ordinaria, y convirtiéndose así en el mayor plan de incorporación de profesorado joven de la historia reciente de la universidad española.
Para el Grupo Socialista, esta medida pone fin a la “larga etapa de recortes presupuestarios que desde hace 15 años vienen sufriendo las universidades públicas y que se inició con las políticas del Partido Popular, que provocaron un recorte, en apenas un quinquenio, de 1.100 millones de euros de su financiación”. Unas rebajas que afectaron significativamente a las plantillas de profesorado en las universidades públicas llevaron a la precarización de determinados colectivos de profesorado, dificultaron una renovación con calidad de estas, obstaculizaron la atracción de talento y, por último, impidieron el rejuvenecimiento de las plantillas.
La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada por el Ejecutivo en 2023, pone las bases para, desde planteamientos progresistas, modernizar las universidades a través de un nuevo modelo de profesorado de las universidades públicas, basado en una carrera profesional definida, trasparente y sólida; una entrada en el sistema de profesorado joven a partir de la figura del profesor ayudante doctor; la consolidación del profesorado en su doble faceta profesional como docente y como investigador; forjar una plantilla mayoritariamente estable; disponer de un profesorado asociado que aporte su experiencia profesional, y el arbitraje de mecanismos para combatir las bolsas de precariedad en determinados colectivos de profesorado.
Pérez aclaró que, para alcanzar su objetivo, la LOSU establece el principio de la corresponsabilidad entre las administraciones públicas para elevar la financiación de las universidades públicas, y a su vez exige, “como no podía ser de otra forma”, la participación de cada una de las comunidades autónomas, como administraciones competentes, que deberán sufragar el resto de las plazas de profesorado ayudante doctor que necesitan sus universidades públicas. “Es por eso por lo que creemos necesario esta PNL y que redunde en nuestro personal docente de las universidades públicas canarias”.
