El Pleno del Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista en la que solicita la inclusión de este colectivo como personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, del acceso a viviendas protegidas y de la reducción en las tasas universitarias
El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado hoy por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista con el objetivo de fomentar la inclusión social de los menores extutelados en Canarias, a través de medidas que garanticen su cobertura legal, apoyos sociales como alternativas habitacionales e ingresos económicos.
En la iniciativa, defendida por la diputada socialista Teresa Cruz, se pide realizar una modificación del Decreto Ley 20/2020 de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, para incluir como personas beneficiarias a los jóvenes entre 18 y 25 años que hayan estado tutelados por la Administración Pública antes de alcanzar la mayoría de edad.
En la iniciativa se pide promover con las comunidades autónomas el establecimiento de criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en la atención a jóvenes extutelados, como formación en habilidades y competencias para favorecer su madurez y propiciar su autonomía personal y social al cumplir los 18 años de edad; garantía de ingresos suficientes para subsistir; alojamiento; formación para el empleo y que se facilite o priorice su participación en ofertas de empleo como medida de discriminación.
Asimismo, se reclama la modificación del Artículo 9 del Decreto 138/2007, de 24 de mayo, por el que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda para que se incorpore como colectivo con cupo especial a los jóvenes extutelados.
También se apuesta por la incorporación en el Decreto que fija y regula los precios públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos de las universidades públicas canarias, a los jóvenes extutelados como colectivo que queda exento del pago de los precios públicos establecidos, siempre y cuando inicien los estudios referidos en los 3 años siguientes a cumplir la mayoría de edad.
La propuesta insta al Servicio Canario de Empleo a la puesta en marcha de programas y medidas de discriminación positiva específicas para este colectivo, con acciones que faciliten el conocimiento y la participación de los jóvenes extutelados de todas las oportunidades y ofertas de formación y empleo, promoviendo su integración laboral, desarrollo personal, y plena inclusión social.
Por último, se pide promover que en la actualización de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral del Menor, se contemple el apoyo posterior a la emancipación o a la mayoría de edad con el fin de facilitar la orientación, la formación y el apoyo necesarios a los jóvenes extutelados que al llegar a la mayoría de edad o a la emancipación lo soliciten, siempre que cumplan los requisitos legalmente establecidos.
Cruz resaltó que el Partido Socialista es “consciente” de la extrema vulnerabilidad de este colectivo, y que, por este motivo, quiere garantizar más protección social. “Para los socialistas, la protección a la infancia es una prioridad, y queremos que el sistema de protección de la infancia no tenga caducidad, porque la infancia y la juventud nos reclama a todos los partidos políticos que luchemos por sus derechos y protección”, declaró,
En esta iniciativa se alerta que, según el último informe de la Estadística Básica de Protección de 31 de diciembre de 2019, en Canarias hay 1.804 menores con una medida de protección, de los cuales 373 tenían una medida de acogimiento residencial entre los 15 y 17 años, a lo que se suma el 83% que se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión según Cruz Roja Española.
Para los socialistas, estos datos hacen necesario tomar medidas que garanticen la inclusión social de estos jóvenes, en especial para que cuenten con su cobertura legal, apoyos sociales como alternativas habitacionales e ingresos económicos.
En este sentido, recuerdan que en la actualidad la mayoría de las comunidades autónomas no cuentan con un marco legislativo específico sobre menores extutelados y que en Canarias, la Ley 1/1997 de Atención Integral del Menor no tiene prevista ninguna cobertura para los extutelados, aunque el Gobierno de Canarias ha incluido una partida concreta por primera vez en los Presupuestos de 2022 para estas personas.
También indican que desde algunos cabildos insulares se ha impulsado una red de pisos tutelados que permite cubrir las necesidades básicas de este colectivo, pero condicionados a la inserción laboral de los usuarios de esos recursos sociales, “generando una situación de desventaja social” en relación con los chicos y chicas que cumplen la mayoría de edad en un entorno familiar.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideran que se debe seguir los criterios de la Agenda 2030, que impulsa la implementación de políticas públicas con enfoque de equidad, sobre todo en los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad y discriminación.
